La policía alemana ejecutó el miércoles una serie de registros en la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en Fráncfort y en dependencias municipales de varias ciudades que albergaron la Eurocopa 2024. Según la fiscalía de Bochum y la oficina regional de investigación criminal de Renania del Norte-Westfalia, la operación, en la que participaron más de 150 agentes, se enmarca en una investigación por presuntos sobornos y concesión de ventajas no autorizadas. La sospecha central, de acuerdo con el comunicado oficial, es que responsables de la empresa organizadora —una sociedad conjunta entre la DFB y la UEFA— otorgaron a las ciudades sede derechos prioritarios exclusivos para la adquisición de entradas, y que un empleado municipal recibió beneficios como la asistencia a partidos. Los investigados, un ciudadano alemán de 66 años y un francés de 46, no han sido oídos aún y gozan de la presunción de inocencia, subrayó la fiscalía.

De forma paralela, la Fiscalía Europea (EPPO) llevó a cabo el martes registros en la sede del partido francés Agrupación Nacional (RN) y en los domicilios de proveedores de comunicación que trabajaron para la formación. El organismo independiente, encargado de perseguir el fraude con fondos de la Unión, investiga el presunto uso indebido de recursos del Parlamento Europeo por parte del grupo Identidad y Democracia (ID), en el que se integraron los eurodiputados del RN hasta 2024. Desde la óptica de Bruselas, esta pesquisa añade un nuevo frente judicial al partido. El presidente del RN, Jordan Bardella, denunció una “maquinación política” y un “acoso judicial”. Las diligencias se producen a escasos días de que se conozca el fallo de la apelación en el caso de los asistentes parlamentarios del partido, previsto para el 31 de marzo de 2025, que determinará si Marine Le Pen puede concurrir a las elecciones presidenciales de 2027. Analistas en París observan que la acumulación de procedimientos condiciona el calendario preelectoral y refuerza la narrativa de la formación sobre una instrumentalización de la justicia.

En un tercer expediente que agita la escena francesa, medios argelinos han descrito una “guerra de nervios” en el seno del Estado francés a propósito de un posible entendimiento con Argel. El caso atañe a un empleado consular argelino encarcelado en Francia desde abril de 2025, al margen —según estas fuentes— de las normas diplomáticas, y al periodista francés Christophe Gleizes, condenado en Argelia por delitos de apología del terrorismo. De acuerdo con filtraciones recogidas por la prensa francesa, se habría contemplado un canje entre ambos, pero la difusión casi simultánea de un comunicado del abogado del periodista, que advertía contra un intercambio, y la irrupción de figuras de la derecha como Arnaud Benedetti —quien acusó al gobierno de Emmanuel Macron de debilidad— revelan, a juicio de observadores regionales, la existencia de un sector del llamado “Estado profundo” francés que busca bloquear cualquier acercamiento. Desde la perspectiva argelina, se percibe una voluntad negociadora en el ejecutivo de Macron y del primer ministro Sébastien Lecornu, enfrentada a la resistencia de élites políticas y mediáticas hostiles al antiguo territorio colonial.

La coincidencia temporal de estas investigaciones dibuja un mapa de presión institucional en dos de las principales economías de la Unión. En Alemania, la pesquisa sobre la Eurocopa 2024 podría empañar el balance organizativo del torneo, mientras la justicia europea y la francesa estrechan el cerco sobre la principal fuerza opositora en un momento políticamente sensible. El caso argelino, por su parte, introduce una variable diplomática en la pugna interna francesa. El veredicto sobre los derechos políticos de Le Pen se espera para el próximo martes; la investigación alemana se halla en fase preliminar y la Fiscalía Europea no ha fijado plazos. El estado de los expedientes sugiere que las próximas semanas serán determinantes tanto para el legado deportivo como para el equilibrio político en el continente.