El racionamiento de gasolina y diésel se ha extendido a 61 de las 89 regiones de Rusia, según datos del sector recopilados el 23 de junio, mientras la producción semanal de gasolina se desplomó un 25% respecto al mismo período del año anterior. La crisis, desencadenada por una campaña sostenida de ataques con drones ucranianos contra refinerías clave, se agrava por cuellos de botella logísticos, paradas técnicas no programadas y el pico de demanda estival.

Desde Moscú, el viceprimer ministro Alexander Novak describió la situación como “difícil pero controlable” y anunció que el Gobierno está considerando una prohibición total de las exportaciones de diésel, que se sumaría al veto ya vigente sobre la gasolina y el queroseno de aviación. Las petroleras, afirmó, han maximizado la utilización de sus plantas, pospuesto mantenimientos programados y movilizado reservas hasta ahora no empleadas. Paralelamente, el presidente de Rosneft, Igor Sechin, propuso al Kremlin suspender temporalmente las normas de comercialización en bolsa para priorizar a los consumidores finales y obligar a las empresas a refinar al menos el 30% del crudo que extraen.

Las restricciones al consumo minorista dibujan un mapa de gravedad dispar. En la anexionada Crimea, las autoridades suspendieron por completo la venta libre de gasolina, reservándola para los servicios estatales. En regiones como Bélgorod, Tiumén o Janti-Mansiisk —esta última responsable del 40% de la producción petrolera nacional— los límites oscilan entre 20 y 40 litros por vehículo, y se prohíbe el llenado de bidones. Las gasolineras independientes, que dependen del mercado mayorista, son las más afectadas: en el extremo oriental, en Primorie, el litro de AI-95 llegó a venderse a 130 rublos, muy por encima del precio regulado.

El impacto económico y político trasciende las fronteras rusas. Analistas en Kiev enmarcan los ataques a refinerías como una respuesta a los bombardeos rusos sobre infraestructura energética y cultural ucraniana, mientras que en Bruselas y Washington se observa la crisis como una señal de la vulnerabilidad logística de Moscú. En el plano interno, el banco central ruso enfrenta presiones inflacionarias adicionales y el Kremlin se prepara para unas elecciones parlamentarias en septiembre en las que el malestar por los precios podría traducirse en descontento social.

El gabinete de Novak ha encargado a los ministerios un plan de estabilización y al Servicio Federal Antimonopolio (FAS) un refuerzo de la vigilancia de precios, que ya ha llevado a bloquear anuncios de reventa de combustible en plataformas digitales. El próximo hito será la decisión sobre el veto total al diésel y la aprobación, en los próximos días, de enmiendas fiscales para incentivar las entregas al mercado interno. La atención permanece centrada en Crimea, Sebastopol y las regiones fronterizas, donde la logística sigue interrumpida por los ataques.