El 22 de julio de 2011, a las 15:17, una furgoneta blanca aparcó frente a la oficina del primer ministro noruego en Oslo. En su interior, 950 kilos de explosivos que detonaron minutos después, matando a ocho personas. El conductor, Anders Behring Breivik, ya se dirigía hacia la isla de Utøya, donde se celebraba el campamento de verano de las juventudes socialdemócratas. Vestido con un uniforme de policía falso, durante más de una hora disparó contra adolescentes y monitores. Aquella tarde lluviosa, 69 jóvenes murieron, muchos de ellos rematados con tiros en la cabeza a quemarropa. Los servicios de emergencia recibieron una llamada del propio atacante, que afirmó querer rendirse, pero siguió disparando hasta ser detenido a las 18:34.

Antes de la masacre, Breivik había distribuido por correo electrónico un manifiesto de 1.500 páginas a un millar de direcciones en toda Europa, incluidas, según investigaciones posteriores, las sedes de la Liga Norte y Forza Nuova en Italia. En aquel texto, el extremista noruego profetizaba una “remigración” masiva de extranjeros, en particular de musulmanes, fijando el año 2083 como fecha límite para completar lo que llamaba una “liberación”. Planteaba hacerlo “por las buenas” —ofreciendo un kilo de oro a cada familia que se marchara— o “por las malas”. Desde la óptica de analistas italianos, aquella idea, que en 2011 parecía un desvarío aislado, hoy se ha normalizado: el plan de la administración estadounidense de ofrecer mil dólares y un billete de avión a migrantes que acepten la repatriación voluntaria recuerda, en su lógica, a aquella fantasía violenta.

Quince años después, el contexto político ha cambiado de forma radical. En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) se ha convertido en una de las principales fuerzas políticas, con sondeos que le otorgan hasta un 29% de intención de voto a nivel federal. En el Parlamento Europeo, los grupos de extrema derecha Patriots for Europe y ECR ocupan la tercera y cuarta posición tras las elecciones de 2024. En Suecia, un gobierno sostenido por el partido de raíces ultranacionalistas Demócratas de Suecia impulsa leyes de “conducta”, ayudas millonarias para el “retorno voluntario” y ciudadanías condicionadas, medidas que, según comentaristas suecos, comparten el marco mental del atacante de Utøya: la idea de que la inmigración es la causa principal de los problemas sociales. Al otro lado del Atlántico, el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, liderado por milicias de extrema derecha como Oath Keepers y Proud Boys, y el posterior indulto presidencial a 1.500 condenados por aquellos hechos, han reconfigurado la percepción de la amenaza terrorista interna.

El eco de Breivik no solo resuena en los parlamentos. El Servicio de Seguridad de la Policía noruega (PST) advierte que, en los últimos años, ha aumentado el número de personas que “admiran o veneran” al asesino. Según la agencia, el peligro de la extrema derecha violenta es hoy mayor que en 2011, alimentado por foros en línea donde el horror se mezcla con humor, memes y referencias a videojuegos. “Canales abiertos como TikTok funcionan casi como una autopista para la radicalización”, explicó una portavoz del PST. Jóvenes que no habían nacido cuando ocurrió la matanza encuentran en esos espacios un relato que glorifica la violencia como herramienta de “defensa racial”.

Mientras tanto, Breivik cumple condena en la prisión de alta seguridad de Ringerike, al noroeste de Oslo. Ocupa un complejo de varias habitaciones en dos plantas, con cocina equipada, cinta de correr, videoconsola y una jaula con tres periquitos. En 2023, un periodista noruego describió el espacio como un apartamento austero pero funcional. El recluso ha participado en un concurso de casitas de jengibre y el personal penitenciario se ofrece a jugar al ajedrez o al unihockey con él, actividades que, según consta en sus reiteradas quejas judiciales, no le interesan en absoluto. El sistema noruego se enfrenta a un dilema: cómo castigar a un asesino de masas sin renunciar a los principios de dignidad humana y Estado de derecho. La respuesta ha sido el aislamiento social absoluto —sin contacto con otros internos desde su ingreso—, una medida que expertos jurídicos locales consideran la más severa de cuantas permite la ley. En esa celda de soledad y rutinas insólitas, el hombre que soñó con una Europa sin musulmanes hornea galletas de Navidad mientras su ideario, ya sin necesidad de manifiestos, se cuela en el lenguaje de la política cotidiana.