El Tribunal de Distrito Central de Oremburgo dictó este lunes las primeras condenas penales en Rusia por organización y participación en el «movimiento internacional LGTB», declarado extremista por el Tribunal Supremo en noviembre de 2023. El propietario del bar Pose, Viacheslav Jasanov, fue sentenciado a siete años de prisión; la administradora, Diana Kamiliánova, a seis años y tres meses; y el director artístico, Alexandr Klímov, a dos años y tres meses, todos en colonia de régimen general. Según la información difundida por la oficina de prensa judicial, los acusados no reconocieron su culpabilidad y el proceso se desarrolló a puerta cerrada.

De acuerdo con la versión de la fiscalía rusa, los condenados, a sabiendas de la prohibición, organizaban bajo la fachada de un local nocturno «eventos unidos por la temática común de demostrar la pertenencia a personas de orientación sexual no tradicional ante un círculo indefinido de visitantes». La investigación sostuvo que la administradora grababa actuaciones de artistas travestis y que el director artístico difundía propaganda de relaciones no tradicionales en Telegram. Desde la óptica de organizaciones defensoras de derechos humanos con sede en Europa, la sentencia materializa el riesgo de criminalizar la mera expresión de identidad, al aplicar un marco legal que equipara un movimiento sin estructura formal con una organización extremista.

La decisión judicial incluye la confiscación de más de un millón de rublos (unos 12 800 dólares) obtenidos, según el tribunal, como ingreso de la actividad extremista, así como la prohibición de trabajar en los sectores del ocio y la hostelería durante dos a tres años tras la liberación. El fallo no es firme y puede ser recurrido. En paralelo, un tribunal de la región de Zabaikalie endureció recientemente la condena contra la propietaria de un club similar en Chitá, elevando la pena a seis años y dos meses de prisión, lo que indica, según analistas en Moscú, una tendencia a la aplicación sistemática de esta figura penal.

El caso se remonta a marzo de 2024, cuando fuerzas especiales irrumpieron en el bar Pose tras denuncias de la organización nacionalista «Comunidad Rusa de Oremburgo». Días después, la directora de la Liga por un Internet Seguro, Yekaterina Mizúlina, anunció la apertura de diligencias penales. El Tribunal Supremo ruso había satisfecho en 2023 una demanda del Ministerio de Justicia para prohibir el «movimiento internacional LGTB», una entidad que no existe como organización registrada. Fuentes de la prensa independiente rusa subrayan que la sentencia de Oremburgo inaugura una vía de persecución penal que podría extenderse a cualquier espacio de socialización, mientras que desde Bruselas se ha reiterado la preocupación por el deterioro de las libertades civiles en la Federación Rusa. Se espera que la defensa anuncie en los próximos días si recurre la condena ante instancias superiores.