El endeudamiento de los repartidores con las mismas aplicaciones para las que trabajan se disparó un 122% durante 2025 en Argentina, según el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El saldo promedio por trabajador monotributista ronda los 900.000 pesos, mientras que los comercios adheridos acumulan deudas hasta siete veces superiores. La firma PedidosYa ya ha otorgado 57.000 créditos por 84 millones de dólares, con cuotas mensuales limitadas al 30% de los ingresos generados dentro de la plataforma. El fenómeno, que ya empieza a replicarse en Colombia, marca un giro en el que las plataformas dejan de ser simples intermediarias de pedidos para convertirse en proveedores financieros de su propia fuerza laboral.

El mecanismo se apoya en lo que el BCRA denomina “colateral digital”: las aplicaciones conocen al detalle las horas de conexión, los pedidos aceptados, las calificaciones de los usuarios y los ingresos generados por cada repartidor. Con esa información, deciden montos, plazos y descuentan automáticamente las cuotas de cada entrega antes de que el dinero llegue al trabajador. Esta lógica de financiamiento basada en datos de comportamiento no es exclusiva del reparto. En Brasil, la tecnológica Consumer ofrece a pequeños y medianos restaurantes programas de fidelidad, cashback y menús digitales que les permiten recuperar el control sobre los datos de sus clientes frente a los marketplaces de delivery, que concentran el 54% de la facturación por entregas. En Nairobi, la Autoridad Tributaria de Kenia (KRA) utiliza su sistema de facturación electrónica eTIMS para cruzar en tiempo real las declaraciones de impuestos con registros de aduanas, retenciones de IVA y planillas salariales, y ya envía declaraciones precargadas a los contribuyentes.

Desde los sindicatos argentinos, la lectura es crítica. La secretaria general del Sitrarepa, Belén D’Ambrosio, denuncia un “endeudamiento estructural” que obliga a extender jornadas a 10 o 12 horas diarias para cubrir créditos con tasas que, en algunos casos, alcanzan el 700% anual. La dirigente reclama regulación estatal ante una dependencia que considera extrema. En contraste, los informes oficiales de Colombia muestran un avance más gradual de la inclusión financiera digital: el 88,8% de los micronegocios ya acepta al menos un medio de pago electrónico, aunque el 62,5% aún recibe menos de la mitad de sus ventas por esa vía, según el Banco de la República. Las transferencias inmediatas y los códigos QR ganan terreno, pero persisten barreras como los cobros adicionales y los montos mínimos en tarjetas.

El desafío de fondo es la alfabetización digital y financiera. En Indonesia, analistas advierten que la modernización del sistema tributario no ha ido acompañada de una mejora en la comprensión de los derechos y obligaciones fiscales, sobre todo entre los jóvenes de la Generación Z, que realizan transacciones digitales sin plena conciencia de sus implicaciones. El próximo hito será la expansión de estos modelos de crédito atado al rendimiento en otros mercados latinoamericanos y la respuesta de los reguladores. En Kenia, la amnistía fiscal vigente hasta diciembre de 2026 convive con una fiscalización cada vez más automatizada, lo que anticipa un cierre progresivo del espacio para la evasión. La convergencia de plataformas, datos y obligaciones financieras está redefiniendo, en tiempo real, quién presta, quién cobra y quién fiscaliza en las economías emergentes.