Ezra Jin Mingri, pastor fundador de la Iglesia de Sion —una de las mayores congregaciones cristianas no registradas en China—, fue liberado en Pekín y viajó a Los Ángeles este fin de semana, según confirmaron su familia y la organización de derechos humanos ChinaAid. La familia atribuyó la excarcelación a las gestiones directas del presidente estadounidense Donald Trump ante su homólogo Xi Jinping durante la visita de Estado a Pekín en mayo, y la calificó como un “gesto de buena voluntad” vinculado al Día de la Independencia de Estados Unidos. “Esperamos que esto sea una señal de un giro positivo para las personas de fe en China y para las relaciones entre nuestras dos naciones”, expresó Grace Jin Drexel, hija del pastor, en un comunicado difundido a la agencia AFP. El Ministerio de Exteriores chino no ha ofrecido comentarios oficiales hasta el momento.

Jin Mingri había sido detenido en octubre del año pasado junto con otros 17 líderes de la Iglesia de Sion, en una serie de redadas nocturnas que, según organizaciones cristianas internacionales, constituyeron una de las campañas más severas contra la actividad religiosa en la historia reciente del país. El fundador enfrentaba cargos por “uso ilegal de redes de información”, en un contexto de creciente presión sobre las iglesias no registradas, que el Partido Comunista —oficialmente ateo— considera un desafío potencial a su autoridad. Desde la óptica de Washington, la detención ejemplificaba la hostilidad del régimen hacia los cristianos, postura que el Gobierno chino rechaza como injerencia en sus asuntos internos y defiende como aplicación de la ley en materia religiosa. Ocho miembros de la misma congregación permanecen encarcelados, y en las últimas semanas se han registrado nuevos allanamientos a iglesias clandestinas en Sichuan y Zhejiang, lo que indica que la campaña de control no se ha detenido.

La excarcelación coincide con la puesta en vigor, el 1 de julio de 2026, de la Ley de Unidad Étnica de la República Popular China, aprobada en marzo pasado. La norma, que según Pekín busca fortalecer la cohesión nacional, amplía la supervisión estatal sobre las minorías al imponer la prioridad del mandarín, prohibir la enseñanza de ideologías “que perjudiquen la unidad” y fomentar la mezcla residencial y los matrimonios interétnicos. Su artículo 63 otorga alcance extraterritorial a la ley, lo que permite perseguir a individuos u organizaciones fuera del territorio chino considerados una amenaza para la unidad étnica. Organismos de Naciones Unidas y el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán han advertido que estas disposiciones podrían utilizarse para silenciar a críticos en el extranjero y acelerar la asimilación forzosa de tibetanos, uigures y mongoles. Analistas en Bruselas y Ciudad de México observan que la ley proporciona un marco legal a prácticas que ya ocurrían de facto, como la detención de la activista tibetana Zhang Yadi, arrestada el año pasado al regresar a China tras expresar su apoyo al Dalái Lama en redes sociales.

La liberación del pastor Jin suscitó reacciones diversas. Desde círculos legislativos occidentales, la Inter-Parliamentary Alliance on China celebró la noticia y agradeció a los diplomáticos que trabajaron “en la sombra”. No obstante, organizaciones de derechos humanos como Freedom House y ChinaAid recordaron que “innumerables” presos de conciencia siguen encarcelados, incluido el empresario hongkonés Jimmy Lai, condenado a 20 años por colusión con fuerzas extranjeras, caso que Trump también planteó a Xi pero que Pekín consideró “una cuestión difícil”. En el plano bilateral, la excarcelación se interpreta en Washington como un gesto pragmático dentro de unas relaciones marcadas por tensiones comerciales y el diferendo sobre Taiwán. El próximo paso en el terreno legislativo será la aplicación efectiva de la Ley de Unidad Étnica, cuyo impacto sobre las comunidades de la diáspora china y sobre los defensores de derechos de las minorías será objeto de seguimiento por parte de relatores de la ONU y gobiernos occidentales.