La presión regulatoria sobre las plataformas digitales para salvaguardar a niños y adolescentes se intensifica en Asia-Pacífico, América Latina y Europa. En Indonesia, el Ministerio de Comunicación y Digital informó que 200 plataformas —entre ellas Netflix, ChatGPT, Shopee y PUBG— entregaron informes de autoevaluación de riesgos para la infancia, en cumplimiento del Reglamento Gubernamental PP Tunas. Según datos oficiales difundidos en Yakarta, TikTok desactivó 4,1 millones de cuentas de menores hasta junio de 2026 y YouTube eliminó otras 600.000 en mayo, sumando 4,7 millones de perfiles infantiles bloqueados. El gobierno indonesio aplica un enfoque basado en riesgo y prevé publicar los perfiles de amenaza de cada servicio una vez concluya la verificación de los documentos.

En Australia, la normativa de seguridad en línea obliga desde el 27 de junio a buscadores como Google y Bing a implementar métodos razonables de estimación de edad. Las reglas, supervisadas por la Comisión de Seguridad Electrónica (eSafety), exigen filtrar imágenes pornográficas y de violencia extrema para usuarios registrados menores de 18 años, difuminar esos contenidos para quienes no hayan iniciado sesión y mostrar derivaciones a servicios de salud mental como primer resultado ante búsquedas sobre autolesiones. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos por infracción. El primer ministro Anthony Albanese adelantó que se someterá la ley a pruebas de resistencia jurídica, mientras Reddit ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior. Un estudio publicado en el British Medical Journal indica que el 85 % de los adolescentes australianos de 12 a 15 años seguía usando redes sociales tres meses después de la entrada en vigor de la prohibición para menores de 16 años, a menudo falseando la edad.

En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) aprobó una resolución que fija criterios uniformes para que los jueces autoricen la participación de niños y adolescentes en plataformas digitales, en particular cuando existe monetización. La norma, que reglamenta el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, obliga a evaluar caso por caso la frecuencia de exposición, el impacto en la rutina escolar, el ocio, la convivencia familiar y la salud mental, así como a proteger la privacidad y los recursos financieros generados. Especialistas en Brasilia, como la psicóloga Bianca Orrico de Safernet Brasil, consideran que la medida reconoce una realidad existente y amplía la responsabilidad más allá de las familias, involucrando a plataformas, anunciantes y al propio Poder Judicial. La gerente del Instituto Alana, Maria Mello, subrayó que la libertad de expresión no puede amparar la explotación comercial de menores y que la resolución unifica criterios que hasta ahora variaban entre magistrados.

Desde la óptica de Bruselas, el Parlamento Europeo urgió a la Comisión a utilizar de inmediato las herramientas de la Directiva de Servicios Digitales (DSA) para limitar el acceso de menores a las redes sociales, fijando los 16 años como edad mínima. Los eurodiputados calificaron la situación de “pandemia” y reclamaron medidas sin demora. Sin embargo, la Comisión Europea prefiere esperar a las recomendaciones del panel de expertos convocado por Ursula von der Leyen, cuyo informe se espera para el 13 de julio, antes de decidir si legisla. Mientras Francia y España han anunciado restricciones, el Ejecutivo comunitario les recordó que solo Bruselas puede imponer obligaciones adicionales a las empresas a través de la DSA. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, descartó fijar una edad límite por considerarlo insuficiente, y el eurodiputado popular Pablo Arias abogó por alternativas a los controles parentales y a la prohibición etaria, en una línea que refleja divisiones dentro de los Estados miembros.

El mosaico de iniciativas revela una tendencia global hacia la regulación de las interacciones digitales de los menores, aunque con enfoques divergentes: desde la corregulación basada en autoevaluaciones en Indonesia, pasando por la verificación obligatoria de edad en Australia, hasta la supervisión judicial de la actividad comercial infantil en Brasil. Analistas en Madrid observan que la eficacia de estas normas dependerá de su aplicación práctica y de la cooperación de las plataformas, en un contexto donde los estudios muestran que las prohibiciones absolutas pueden ser eludidas. Los próximos hitos incluyen la publicación de los perfiles de riesgo por parte del gobierno indonesio, la entrada en vigor de los filtros de edad en las tiendas de aplicaciones australianas el 9 de septiembre y la eventual propuesta legislativa de la Comisión Europea a finales de año.