Un ataque aéreo estadounidense en el Pacífico oriental mató a un hombre y dejó a otros dos con vida el martes, según confirmó el Comando Sur de Estados Unidos. La operación, dirigida contra una embarcación que supuestamente participaba en el tráfico ilícito de drogas, se ejecutó en rutas marítimas conocidas por el contrabando, aunque el Pentágono no presentó pruebas de que el navío transportara estupefacientes. Imágenes difundidas por la propia institución muestran el momento del impacto, pero la fecha y la localización exacta no han podido ser verificadas de forma independiente.

Con esta acción, la cifra de fallecidos en bombardeos navales de las fuerzas armadas estadounidenses asciende a al menos 208 desde que la administración de Donald Trump inició, a principios de septiembre, una ofensiva contra lo que denomina “narcoterroristas” en América Latina. La campaña, bautizada como Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, se ha concentrado en el Caribe y el Pacífico oriental, y se ampara en una lógica de “conflicto armado” contra los cárteles para frenar el flujo de drogas. Sin embargo, en la mayoría de los comunicados militares no se ha aportado evidencia concreta de que las embarcaciones atacadas estuvieran cargadas con sustancias ilegales.

Desde la óptica de organizaciones de derechos humanos en la región, estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional. Analistas en Ciudad de México y Bogotá advierten que la estrategia unilateral de Washington ignora los marcos de cooperación judicial y puede exacerbar la violencia en las costas del Pacífico latinoamericano, afectando a comunidades pesqueras que quedan atrapadas en el fuego cruzado. En Europa, la ofensiva apenas ha suscitado reacciones oficiales, aunque expertos en Bruselas observan con preocupación el precedente que sienta el uso de fuerza letal sin supervisión judicial en aguas internacionales.

El Comando Sur notificó a la Guardia Costera estadounidense para iniciar tareas de búsqueda y rescate de los dos sobrevivientes, un desenlace inusual en una campaña donde rara vez se reportan náufragos con vida. Mientras la Casa Blanca defiende estas operaciones como un pilar de su política de seguridad, crece el escepticismo sobre su eficacia real para interrumpir las cadenas de suministro de drogas. La falta de transparencia y el elevado costo humano podrían alimentar tensiones diplomáticas con los países ribereños, cuyos gobiernos no siempre son consultados antes de que los misiles impacten en su vecindad marítima.