El presidente Donald Trump ha activado un mecanismo excepcional de la Guerra Fría para responder al vaciamiento de los arsenales estadounidenses provocado por la guerra con Irán y otros compromisos militares simultáneos. En un memorando fechado el 11 de junio y divulgado esta semana en el Registro Federal, el mandatario ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que recurra a la Ley de Producción de Defensa con el fin de forjar “acuerdos voluntarios y planes de acción” con la industria armamentística. La decisión, adelantada por medios estadounidenses y confirmada por cadenas internacionales como CNN Brasil y Voice of America en persa, subraya la gravedad de unos cuellos de botella que, según el propio texto presidencial, “pueden menoscabar la capacidad de Estados Unidos para producir, sostener y expandir” los suministros de municiones, misiles y equipos críticos.

La medida no surge en el vacío. Desde el inicio de las hostilidades contra Teherán, analistas en Washington han advertido que el Pentágono está consumiendo proyectiles de precisión, interceptores de defensa aérea y misiles de crucero a un ritmo que supera con creces la capacidad de reposición de una base industrial todavía marcada por dependencias de largo plazo y cadenas de suministro frágiles. El propio Hegseth, durante su intervención en el diálogo Shangri-La 2026 en Singapur a finales de mayo, defendió que Estados Unidos mantiene sus “compromisos globales”, pero evitó detallar el estado real de las reservas. La invocación de la ley —que permite al Gobierno priorizar contratos, imponer requisitos de producción y movilizar al sector privado— revela que la Casa Blanca considera el déficit de municiones una amenaza directa a la preparación de la defensa nacional.

Desde la óptica de Bruselas, la decisión de Trump añade presión a los aliados europeos de la OTAN, que ya debaten cómo reconstituir sus propios inventarios tras haber transferido parte de sus arsenales a Ucrania y ahora observar el rápido desgaste estadounidense en Oriente Medio. Diplomáticos españoles consultados por este diario interpretan el recurso a la DPA como una señal de que Washington podría exigir a sus socios un mayor esfuerzo industrial y financiero, en un momento en que la Unión Europea aún no ha armonizado del todo sus mecanismos de adquisición conjunta de armamento. Mientras, en América Latina, la medida se sigue con cautela: analistas en Ciudad de México y Buenos Aires señalan que una industria de defensa estadounidense volcada en su propio reabastecimiento podría retrasar entregas de equipos ya comprometidos con países de la región, afectando programas de modernización militar en marcha.

El memorando también expone una carrera contrarreloj en el frente legislativo. Trump presiona al Congreso para que apruebe partidas adicionales de gasto en defensa que complementen la movilización industrial, consciente de que la ley por sí sola no crea nueva capacidad de producción sin fondos que la respalden. La combinación de autoridad ejecutiva y poder presupuestario dibuja un escenario de economía de guerra parcial, donde el Estado asume un papel director en un sector tradicionalmente gobernado por contratos plurianuales y lógicas de mercado. La pregunta que flota en los círculos estratégicos es si esta intervención bastará para recuperar el aliento antes de que el conflicto iraní —o cualquier otra crisis imprevista— vuelva a poner a prueba unas reservas que, por primera vez en décadas, se admiten oficialmente como insuficientes.