El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) levantó la suspensión del Comité Olímpico Ruso y eliminó las recomendaciones que desde 2022 limitaban la participación de atletas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales. La medida permite ahora el uso de banderas e himnos nacionales y la organización de eventos en territorio ruso, revirtiendo el núcleo de las sanciones impuestas tras la invasión a gran escala de Ucrania. Como respuesta inmediata, nueve Estados miembros de la Unión Europea —Estonia, Países Bajos, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Rumanía, Finlandia y Dinamarca— dirigieron una carta al comisario europeo de Deporte, Glenn Micallef, en la que proponen excluir al COI y a otras federaciones que hayan readmitido a rusos y bielorrusos de los programas de financiación comunitaria, incluido Erasmus+.

Desde la óptica de Bruselas, la iniciativa refleja una fractura en la relación entre las instituciones deportivas internacionales y un bloque de países que considera que la readmisión contradice los valores de derechos humanos y el principio de relaciones pacíficas entre Estados. La misiva, impulsada por Estonia, sostiene que las organizaciones deportivas deben impedir el uso del deporte con fines políticos por parte de Rusia y Bielorrusia, y subraya que la guerra ha colocado a los atletas ucranianos en una situación de desigualdad. La ministra de Cultura estonia, Heidy Purga, calificó de incomprensible cualquier decisión que facilite el retorno de esos países al escenario internacional, mientras que la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, ha propuesto incluir el debate en la agenda europea.

En Kiev, la reacción se ha centrado en las consecuencias concretas para sus deportistas. El esqueletista ucraniano Vladyslav Heraskevych anunció que su país buscará que los Estados anfitriones de torneos denieguen visados a los competidores rusos, una estrategia que, según analistas de la región, traslada la disputa al terreno diplomático y migratorio. Medios suecos, como el Blekinge Läns Tidning, han descrito la decisión del COI como una “completa inversión” que obliga a los atletas ucranianos a elegir entre competir contra representantes del Estado agresor o dañar sus carreras al boicotear los eventos, con el riesgo de que el deporte de élite ucraniano se debilite por falta de competencia internacional.

El COI no ha ofrecido una justificación pública detallada más allá de remitirse a documentos internos y a la adecuación de los estatutos del Comité Olímpico Ruso a la Carta Olímpica. Desde Moscú, el ministro de Deportes, Mijaíl Degtiariov, había anunciado en marzo la presentación de una nueva versión de esos estatutos, y la agencia Interfax reportó la restauración temporal de la membresía rusa. La decisión del COI se produce en un contexto en el que doce federaciones internacionales ya permiten la participación sin restricciones de atletas rusos. La carta de los nueve países, que también menciona a las federaciones de esgrima y natación, abre ahora un proceso de discusión en la Comisión Europea sobre la condicionalidad de los fondos deportivos, sin que se haya fijado aún una fecha para su debate formal.