Pese a la creciente presión interna y parlamentaria, el presidente Javier Milei volvió a blindar este domingo a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartiendo en Instagram un mensaje que auguraba que el funcionario «va a salir fortalecido» de las «mil y una operaciones» en su contra. El gesto presidencial se produjo en un momento de máxima fragilidad para Adorni, quien en las últimas semanas admitió haber omitido durante años un patrimonio significativo —incluyendo inversiones en bitcoin por 200.000 dólares, ganancias de 300.000 y la aparición de un pendrive con medio millón de dólares— y rectificó sus declaraciones juradas. El fiscal federal Gerardo Pollicita ya impulsa una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal, con pedidos de informes a plataformas como Binance y Lemon.

En el Congreso, la oposición articula una sesión especial para interpelar al jefe de Gabinete e incluso avanzar hacia una moción de censura que, de prosperar, podría forzar su remoción. En la Cámara baja confluyen los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda y legisladores provinciales; en el Senado, la preocupación mayor reside en que sectores del PRO y del radicalismo —aliados hasta ahora del oficialismo— han advertido que no pueden garantizar el bloqueo de la iniciativa kirchnerista. Fuentes parlamentarias describen un «efecto Kueider» y estiman que la continuidad de Adorni pende de apenas cinco votos, mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel profundiza la fractura con ironías públicas sobre las inversiones en criptomonedas.

Desde el norte de Europa, el contraste institucional es aleccionador. Observadores nórdicos recuerdan que en Suecia la administración pública está jurídicamente obligada a denunciar cualquier sospecha razonable de corrupción —sin necesidad de pruebas concluyentes—, una cultura de la transparencia que hace décadas echó raíces en la función pública. La saga de Adorni, con sus justificaciones cambiantes y la aparente indulgencia de la cúpula del Ejecutivo, expone ante la mirada internacional las débiles defensas institucionales argentinas frente al ocultamiento patrimonial, precisamente cuando el discurso oficial prometía exterminar las prácticas de la «casta».

Analistas en Buenos Aires advierten que la apuesta de Milei de no ceder ante el adversario puede resultar contraproducente: blindar a un colaborador que ha erosionado la confianza pública debilita el capital moral del Gobierno y prolonga una hemorragia política que, en términos económicos, ya se traduce en advertencias sobre el riesgo país. La justicia avanza, la oposición acecha y el relato presidencial de la moral intransigente se desgasta en cada nueva rectificación. La experiencia sueca sugiere que la integridad de la gestión no se sostiene con memes ni gestos de lealtad, sino con mecanismos institucionales que actúan desde el primer indicio de opacidad. En las próximas semanas se definirá si Milei logra imponer su voluntad o si, forzado por las circunstancias, se ve arrastrado a una decisión que hasta hoy ha rechazado.