La segunda ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos arrancó esta semana en Washington con una agenda que abarca agricultura, energía, reglas de origen y el sector automotriz, además de los aranceles del 50 % al acero y al aluminio impuestos bajo la sección 232. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, transmitió confianza al afirmar que si el presidente Donald Trump hubiera resuelto abandonar el T-MEC, México ya lo sabría. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó como prioridad ratificar la vigencia del pacto y reducir o eliminar esos gravámenes, al tiempo que aceptó fortalecer el contenido regional en la fabricación de vehículos. Este esquema bilateral, con Canadá ausente del calendario oficial, perfila una negociación en la que Washington y Ciudad de México marcan el ritmo.

Desde Ottawa, la mirada es de compromiso cauteloso. El ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, se reunió con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, al margen del G7 en Francia, y subrayó que el diálogo no es una conversación unidireccional. Canadá ha avanzado en la resolución de irritantes comerciales y sigue presionando por una prórroga de 16 años del acuerdo, aunque Greer ha dejado claro que no será una mera ratificación automática. Mientras México y Estados Unidos celebran rondas formales, los funcionarios canadienses mantienen contactos constantes y apuestan por alinear seguridad, energía y minerales críticos con los intereses estadounidenses. Analistas en Canadá perciben señales de progreso bajo el ruido político, pero advierten que el riesgo de quedar marginado persiste.

La complejidad de la revisión queda reflejada en la advertencia de la calificadora Moody’s, que ve cada vez más probable que los temas sensibles —automóviles, acero, energía y reglas de origen— se resuelvan mediante acuerdos bilaterales o mecanismos paralelos, dada la ausencia de Canadá en el cronograma. En paralelo, un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destaca que, pese a la guerra arancelaria, México se convirtió en abril de 2026 en el principal proveedor de Estados Unidos gracias a las exportaciones que cumplen las reglas de origen. Esa resiliencia, señalan analistas en Ciudad de México, otorga margen de maniobra, pero también expone al país a exigencias más estrictas en contenido regional y cláusulas laborales.

Tras la agenda técnica subyace una pugna sobre quién manda realmente en la negociación. En Washington el proceso está minuciosamente regulado por la Ley de Comercio de 1974, mientras que en México el marco legal es difuso: la ley solo indica que la Secretaría de Economía conduce las tratativas en coordinación con Hacienda y Relaciones Exteriores, lo que deja al presidente amplio espacio para reconfigurar equipos y prioridades. Ese vacío, como recuerdan exnegociadores del TLCAN, ha permitido históricamente difuminar la línea entre estrategia comercial y lealtad política. Con la tercera ronda prevista para el 20 de julio, el desenlace dependerá no solo de la aritmética arancelaria, sino de la capacidad de las tres capitales para conciliar presiones domésticas con la supervivencia de una zona de libre comercio que, tras 32 años, sigue siendo ley en los tres países.