Este lunes comenzó en Nashville la selección del jurado para el juicio en el que la fiscalía de Tennessee acusa a Meta Platforms de violar la ley estatal de protección al consumidor. Según la demanda, la empresa diseñó deliberadamente funciones de Instagram —como la reproducción automática, los Reels y las notificaciones— para generar un uso compulsivo entre adolescentes, al tiempo que ocultaba investigaciones internas que alertaban sobre daños a la salud mental. La compañía niega las acusaciones y sostiene que ha implementado controles de seguridad y configuraciones adecuadas por edad, amparándose además en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que según su interpretación la exime de responsabilidad por contenidos generados por usuarios. Este proceso es el segundo juicio estatal contra Meta por motivos similares, después de que un tribunal de Nuevo México ordenara a la empresa pagar 375 millones de dólares por engañar a los consumidores.

El caso de Tennessee se inscribe en una ofensiva legal más amplia en Estados Unidos. Casi todos los estados han presentado demandas relacionadas con el impacto de las plataformas en menores, y un juicio federal que agrupa a 29 estados por supuestas violaciones de la ley de protección de datos infantiles está previsto para el 18 de agosto en California. De forma paralela, un juez federal en Oakland denegó una medida cautelar solicitada por 26 empleados de Meta que alegan que las herramientas de inteligencia artificial utilizadas para seleccionar despidos los perjudicaron por tener discapacidades o haberse acogido a licencias médicas. Aunque el magistrado no bloqueó los despidos, reconoció que el caso plantea “cuestiones serias” sobre el uso de IA en decisiones laborales, y los demandantes anunciaron que aportarán pruebas adicionales sobre el papel de los algoritmos en la reducción de plantilla.

En América Latina, organizaciones de la sociedad civil colombiana han documentado un aumento de cierres arbitrarios de cuentas en WhatsApp, Instagram y Facebook que afectan a colectivos feministas, de salud sexual y reproductiva y de derechos LGBTIQ+. La entidad Repro Uncensored vincula este fenómeno con la reducción de los filtros de moderación de contenido con enfoque de género y contra el discurso de odio que Mark Zuckerberg implementó tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La línea de WhatsApp de la organización Jacarandas, que brinda apoyo a mujeres que buscan un aborto, fue cerrada en varias ocasiones sin explicaciones claras. Desde Bruselas, la Comisión Europea ha concluido que el diseño de Instagram prioriza la permanencia en pantalla mediante un sistema de clasificación basado en la interacción, lo que amplifica contenidos emocionalmente cargados y reduce la visibilidad de voces moderadas. Meta deberá defenderse ante un tribunal de los Países Bajos por la presunta censura de minorías sexuales, en un proceso que podría determinar si la empresa vulnera la Ley de Servicios Digitales europea. Colombia carece de una legislación equiparable, y los esfuerzos legislativos en ese sentido han sido obstaculizados.

En el plano corporativo, fuentes cercanas a la negociación indican que Meta mantiene conversaciones con Anthropic para un acuerdo de arrendamiento de capacidad de cómputo valorado en hasta 10.000 millones de dólares en dos años. La operación permitiría a Meta diversificar sus ingresos más allá de la publicidad y competir con firmas de neocloud, aunque las conversaciones se encuentran en una fase inicial y se complican por el hecho de que la empresa no cuenta con un negocio establecido de venta de potencia informática. Analistas del sector tecnológico señalan que esta posible incursión en servicios de infraestructura coincide con un momento de fuerte inversión en inteligencia artificial y con los múltiples desafíos legales que la compañía enfrenta en distintas jurisdicciones.

El estado del dossier muestra una confluencia de procesos judiciales y regulatorios en las próximas semanas: el juicio de Tennessee se prolongará durante siete semanas, en paralelo a al menos otros dos procesos en California, mientras que la negociación con Anthropic sigue abierta. En Colombia, la nueva legislatura y el gobierno entrante deberán decidir si impulsan un marco normativo que garantice un acceso seguro y no discriminatorio a las plataformas digitales, en un contexto donde, según organizaciones locales, la arquitectura algorítmica de Meta sigue operando sin contrapesos legales efectivos.