El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ejerce desde Washington un control directo sobre las finanzas, la distribución de recursos naturales y la gestión gubernamental de Venezuela, según una investigación periodística basada en más de una docena de fuentes de ambos gobiernos. El mecanismo, detallado por la prensa estadounidense, implica que el Departamento del Tesoro recauda los ingresos de las exportaciones petroleras venezolanas —comercializadas a través de las empresas Trafigura y Vitol— y los libera de forma gradual mediante bancos privados locales. El equipo de Rubio dicta las condiciones de gasto y ofrece a Caracas protección legal frente a acreedores internacionales, mientras el secretario gestiona licencias de excepción a las sanciones que priorizan a compañías energéticas norteamericanas sobre las europeas.

Desde Washington se presenta la operación que capturó a Nicolás Maduro en enero de 2026 como una acción de aplicación de la ley contra el narcotráfico, no como una invasión. La administración interina de Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, colabora a cambio de preservar la infraestructura nacional y recibe instrucciones cotidianas de Rubio a través de mensajes de WhatsApp en español. De acuerdo con las fuentes, la Casa Blanca influye en los nombramientos de alto nivel —incluido el ministro de Defensa— y en las declaraciones públicas de Rodríguez. Aunque el discurso oficial alude a una futura transición democrática, la fecha de elecciones libres permanece indefinida. El presidente Donald Trump ha bromeado informalmente sobre la integración de Venezuela como el estado número 51.

Analistas en América Latina interpretan el esquema como una pérdida de soberanía y un alineamiento con la corriente trumpista en la región. La presidenta interina ha distanciado a Caracas de sus antiguos aliados: se suspendieron los proyectos conjuntos con la estatal rusa Rosneft, se evitó condenar los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y se inició un acercamiento a Israel tras diecisiete años de ruptura diplomática, con agradecimientos por la ayuda humanitaria tras los terremotos de junio y mensajes de acercamiento a la comunidad judía venezolana. En paralelo, Rodríguez ha estrechado lazos con los presidentes Javier Milei, de Argentina, y Nayib Bukele, de El Salvador. Desde Moscú y Teherán se observa con preocupación este giro, que incluye la cooperación en la detención y extradición del empresario Alex Saab por narcotráfico y el uso de inteligencia venezolana para un ataque con misiles estadounidenses que abatió a un líder del Tren de Aragua.

En el plano económico, la reconstrucción tras dos terremotos movilizó a 900 efectivos militares estadounidenses, unos 400 millones de dólares en asistencia y remesas de efectivo para estabilizar la moneda local. No obstante, el sector petrolero permanece debilitado por problemas de gestión y la capacidad de Rodríguez para controlar el aparato estatal es incierta, lo que frena la inversión extranjera. Las negociaciones de nuevos contratos petroleros quedaron postergadas por los sismos. El Tesoro estadounidense administra los fondos como una asignación condicionada, mientras el equipo de Rubio decide quién puede hacer negocios en el país y bajo qué términos.

Ninguno de los dos gobiernos ha comentado oficialmente el papel de Rubio. El dossier queda abierto con la promesa de una transición democrática sin calendario, la renegociación pendiente de contratos energéticos y una presencia militar estadounidense que, por ahora, se justifica en la asistencia humanitaria. La evolución de la relación con Israel y la profundización del alineamiento con Washington definirán la estabilidad del nuevo orden en Caracas.