
Los incentivos a la movilidad eléctrica se fragmentan: Yakarta posterga subsidios mientras Delhi impone plazos y Brasil eleva aranceles
La incertidumbre regulatoria en Indonesia frena la demanda, en contraste con la política de electrificación obligatoria de la capital india y la apuesta proteccionista brasileña, que encarece los vehículos importados.
El plan de Indonesia de activar subsidios para 200.000 vehículos eléctricos el 1 de julio de 2026 no se concretó. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, confirmó que la implementación se posterga al menos hasta agosto, mientras el gobierno evalúa el esquema y, según declaraciones recogidas desde Yakarta, redirige su atención hacia un proyecto de “automóvil nacional”. La demora, que ya suma dos meses, introduce un compás de espera que, de acuerdo con el Ministerio de Industria, está conteniendo las decisiones de compra de los consumidores y podría lastrar el desempeño del sector automotor en el segundo semestre.
La parálisis indonesia contrasta con la hoja de ruta vinculante aprobada en Nueva Delhi. El gobierno de la capital india estableció que a partir del 1 de abril de 2028 solo se podrán matricular motocicletas eléctricas, y desde enero de 2027 la restricción se aplicará a los vehículos comerciales de tres ruedas y camiones ligeros. La política, dotada con una inversión total estimada de 15.000 millones de rupias, elimina los subsidios a los híbridos y concentra los incentivos —exención de impuesto de circulación y ayudas directas de hasta 30.000 rupias para dos ruedas— exclusivamente en modelos de batería. La administración de Delhi justifica la medida en que dos y tres ruedas generan el 46 % de la contaminación atmosférica local.
Desde Brasilia, la estrategia es de signo opuesto: el impuesto de importación para vehículos eléctricos e híbridos subió este 1 de julio como parte de un cronograma que llevará la alícuota al 35 % para todos los modelos foráneos. El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Márcio Elias Rosa, defendió la medida como un instrumento para fortalecer la producción nacional en un momento de retracción de mercados externos tradicionales, como Argentina. Se mantiene, no obstante, una cuota libre de arancel para las armadoras que aún están instalando sus fábricas en el país, lo que revela un equilibrio entre proteccionismo y atracción de inversiones.
En el Sudeste Asiático, el debate sobre la adopción masiva de vehículos eléctricos incorpora cada vez más la dimensión del financiamiento. Ejecutivos de la industria financiera en Indonesia señalaron que la expansión del ecosistema no depende solo de la infraestructura de carga —que al cierre de 2025 apenas superaba las 4.700 estaciones en el archipiélago—, sino de esquemas de crédito accesibles. Se ofrecen ya tasas desde el 1,99 % y bonificaciones en seguros, mientras los consumidores más jóvenes, en particular la generación Z, muestran mayor receptividad a la tecnología, según análisis de instituciones académicas indonesias. Persiste, sin embargo, la ansiedad por la autonomía como barrera psicológica para los compradores primerizos.
El próximo hito fáctico será la entrada en vigor del arancel pleno del 35 % en Brasil, prevista para este mismo mes de julio, y la decisión del gobierno indonesio sobre el esquema definitivo de subsidios, que podría conocerse en agosto. Ambos eventos definirán el ritmo de adopción en dos de los grandes mercados emergentes del sector.
Cómo la misma historia se cuenta en otros lugares.
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Los gobiernos del sudeste asiático postergan repetidamente los incentivos para vehículos eléctricos, generando incertidumbre en la industria y los consumidores. Mientras se expande la infraestructura de carga, los funcionarios subrayan que la financiación asequible y la producción local son esenciales para la adopción masiva. La ambición de desarrollar un automóvil eléctrico nacional está desplazando el otorgamiento inmediato de subsidios.
Los países latinoamericanos están aumentando los aranceles de importación de vehículos eléctricos, manteniendo un cronograma preanunciado a pesar de las cuotas industriales. Esta medida proteccionista busca fomentar el ensamblaje local, pero corre el riesgo de encarecer los vehículos eléctricos para los consumidores en el corto plazo.
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