Lituania ha iniciado el proceso para suprimir la prohibición constitucional que impide el despliegue de armas de destrucción masiva en su territorio, una restricción que, según el presidente Gitanas Nausėda, convierte al país en un «eslabón débil» dentro de la arquitectura defensiva de la OTAN. La reforma, que requerirá el voto favorable de al menos 94 diputados en dos ocasiones con un intervalo de tres meses, busca eliminar un artículo de la Carta Magna redactado, en palabras del mandatario, «cuando las circunstancias geopolíticas eran totalmente diferentes». El primer ministro designado, Mindaugas Sinkevičius, ha abogado por la supresión directa del precepto, argumentando que las constituciones de los países vecinos no contienen cláusulas similares.

Desde la óptica de Vilna, la medida no implica el estacionamiento inmediato de armamento nuclear en tiempos de paz, pero sí garantiza que el país pueda acogerse plenamente al potencial de disuasión de la Alianza si las condiciones de seguridad se deterioran. El ministro de Defensa, Robertas Kaunas, subrayó que Lituania es «prácticamente el único país de la OTAN que prohíbe las armas nucleares», lo que le impide aprovechar todas las capacidades defensivas de la organización. Analistas en Bruselas vinculan esta iniciativa con el levantamiento de vetos similares por parte de Finlandia y con el debate abierto en Suecia sobre la conveniencia de abandonar la Convención de Ottawa, que prohíbe las minas antipersona, después de que Finlandia, Polonia y las tres repúblicas bálticas hayan decidido retirarse del tratado alegando la amenaza rusa.

El movimiento lituano se inscribe en una reevaluación más amplia de los instrumentos de disuasión en el flanco oriental de la OTAN, acelerada por la invasión a gran escala de Ucrania. Fuentes de la Alianza recuerdan que la disuasión nuclear sigue siendo un pilar de su postura estratégica, y que la presencia de arsenales estadounidenses en varios países europeos es un hecho consolidado. Para los países ribereños del Báltico, la percepción de vulnerabilidad se ha agudizado tras más de cuatro años de guerra en Ucrania y lo que califican como «chantaje nuclear» por parte del Kremlin. En paralelo, el debate sobre las minas antipersona ilustra la misma tensión: mientras Estocolmo sopesa si mantener un tratado que prohíbe un arma que Rusia emplea de forma indiscriminada, Helsinki y Varsovia ya han optado por recuperar esa capacidad para defender fronteras extensas y de difícil vigilancia.

La reforma constitucional lituana deberá superar un complejo trámite parlamentario, ya que la coalición de gobierno suma 79 escaños, lejos de los 94 necesarios, lo que obliga a negociar con la oposición. Aunque el debate público en el país incluye voces que advierten del riesgo de convertirse en un objetivo prioritario, los promotores de la enmienda insisten en que la ausencia de armas nucleares no ha demostrado hacer más segura a la región. Mientras, desde Moscú, medios oficialistas recogen las declaraciones de Nausėda sin un pronunciamiento explícito del Kremlin, aunque analistas rusos interpretan la medida como una confirmación de la escalada de la OTAN hacia sus fronteras. El primer voto en el Seimas podría producirse en los próximos meses, en un contexto en el que la llamada humanitaria al cese del fuego para evacuar heridos, lanzada por el Nobel de la Paz Dmitri Murátov, contrasta con la profundización de las lógicas de disuasión militar en todo el continente.