Víctimas de fraudes en línea en Asia oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda sufrieron pérdidas estimadas entre 88.300 y 114.100 millones de dólares durante 2025, de acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La cifra, que triplica los cálculos de 2023 —entonces situados entre 18.000 y 37.000 millones—, refleja lo que el organismo califica como «la expansión dramática de esta economía criminal».

El epicentro de estas operaciones se localiza en el Sudeste Asiático, particularmente en Camboya y Myanmar, donde sindicatos del crimen organizado gestionan centros de estafa desde complejos fortificados. Según el informe, las víctimas son engañadas mediante falsos esquemas de inversión en criptomonedas y relaciones sentimentales simuladas. La UNODC documenta que en esos recintos se ha identificado a personas de al menos 80 países, muchas de ellas víctimas de trata con fines de explotación laboral forzada.

La representante regional de la UNODC, Delphine Schantz, describió un cambio estructural en el crimen organizado: «Estamos viendo cómo grupos que antes permanecían en su propio ámbito geográfico y especialidad delictiva ahora operan simultáneamente en múltiples mercados ilícitos, apoyándose en las mismas corrientes de servicios». El modelo, añadió, se asemeja al de una franquicia corporativa, con departamentos especializados en blanqueo de capitales, trata de personas, tráfico de migrantes y recolección de datos, todos interconectados.

Bajo presión de Estados Unidos, el Reino Unido y China, las autoridades de la región han intensificado las redadas y extradiciones. En el último año, varios presuntos cabecillas fueron enviados de Camboya a China, mientras Washington y Londres imponían sanciones a empresas e individuos vinculados a estas redes. No obstante, la UNODC advierte que los grupos delictivos se reubican con facilidad a través de zonas económicas especiales y fronteras porosas, y utilizan plataformas de criptomonedas para mover fondos sin dejar rastro documental.

El informe subraya que la transformación del ecosistema criminal —que hoy integra narcotráfico, banca ilegal e inversiones inmobiliarias— desafía los métodos tradicionales de aplicación de la ley y amenaza la estabilidad económica y la gobernanza regional. Las estimaciones de pérdidas son provisionales y la UNODC mantiene abierta la investigación sobre el alcance total de estas operaciones transnacionales.