La Women’s Tennis Association (WTA) ha zanjado de forma definitiva el debate sobre la elegibilidad en el tenis profesional femenino. Desde el 21 de julio, todas las jugadoras que deseen competir en el circuito deberán acreditar un resultado negativo en un test genético único del gen SRY, marcador ubicado en el cromosoma Y y determinante en el desarrollo sexual masculino. La nueva política de admisión, aprobada tras consultar a las propias tenistas y revisar los estándares internacionales, sustituye a la normativa de 2024, que permitía la participación de mujeres transgénero siempre que mantuvieran niveles de testosterona por debajo de 2,5 nmol/L durante al menos dos años. La WTA subrayó que, en la actualidad, no se tiene constancia de ninguna jugadora transgénero en el circuito profesional.

El procedimiento, que puede realizarse mediante frotis bucal, muestra de sangre o saliva, será de obligado cumplimiento. Un resultado positivo no implica una exclusión automática, pero sí la suspensión cautelar y la derivación a una evaluación médica complementaria cuyos detalles no se han hecho públicos. Las tenistas deberán firmar un documento en el que se les advierte de que la negativa a someterse a la prueba acarreará medidas disciplinarias. La exnúmero uno mundial Martina Navratilova, desde Estados Unidos, calificó la decisión como “un paso en la dirección correcta” y recalcó que la WTA es una asociación de mujeres y solo las mujeres biológicas deben competir al más alto nivel.

La medida de la WTA se inscribe en una corriente global de blindaje de la categoría femenina. El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció en marzo que, a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028, exigirá el mismo test del gen SRY a todas las atletas. Con anterioridad, World Athletics, World Aquatics y la Federación Internacional de Boxeo ya habían implementado requisitos genéticos o restricciones para atletas con diferencias del desarrollo sexual. En el plano jurídico, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por unanimidad que las leyes de Idaho y Virginia Occidental que limitan los equipos deportivos femeninos a mujeres biológicas no violan la legislación federal de derechos civiles. El fallo, redactado por el juez Kavanaugh, sostiene que el término “sexo” en el Título IX debe interpretarse según su significado en la década de 1970, es decir, como sexo biológico.

La introducción de pruebas genéticas obligatorias reaviva, sin embargo, el debate sobre la privacidad y el manejo de datos sensibles. Desde la óptica de Moscú, medios rusos como Kommersant y Vedomosti han destacado que la WTA se suma a una tendencia que incluye sanciones por negarse al testeo. En paralelo, la vulneración de la intimidad de las mujeres adquiere otras dimensiones alarmantes. En Irán, la difusión no consentida de imágenes y mensajes privados de decenas de mujeres en provincias como Luristán y Azerbaiyán Occidental ha derivado en una crisis de salud pública, con al menos tres menores fallecidas por suicidio ante la presión social y la falta de amparo legal. Analistas en Teherán señalan que la ausencia de una sociedad civil robusta y de leyes eficaces de protección de datos agrava la desprotección de las víctimas.

La convergencia de estos fenómenos subraya que la defensa del deporte femenino transita hoy por la verificación biológica, pero también por la garantía de que la información genética y personal de las atletas no se convierta en un nuevo flanco de vulnerabilidad. La WTA ha anunciado que el testeo comenzará en 2026, mientras la comunidad internacional observa si el modelo se consolida como estándar para todas las disciplinas olímpicas.