Este miércoles 1 de julio entra en vigor un derecho de aduana europeo de 3 euros que transforma el comercio electrónico transfronterizo. La tasa se aplica a todos los paquetes de valor inferior a 150 euros procedentes de fuera de la UE, un segmento que en 2025 sumó 5.900 millones de envíos —unos 16 millones diarios—, más del 90% originarios de China. Hasta ahora exentos de aranceles, estos pequeños envíos generaban, según Bruselas, una ventaja competitiva para plataformas como Shein, Temu o AliExpress y desbordaban los controles aduaneros: más del 60% de los productos inspeccionados en 2025 incumplían las normas de seguridad europeas.

El nuevo gravamen no se calcula por paquete, sino por categoría arancelaria. Si un envío contiene una camiseta y un par de zapatos, se pagan 6 euros; si incluye cinco camisetas, solo 3 euros. La Comisión Europea presenta la medida como un paso hacia la igualdad de condiciones para los productores comunitarios y como un refuerzo de la financiación de las aduanas, desbordadas por el volumen. Se trata de un arancel forfetario y temporal: estará vigente hasta el 1 de julio de 2028, cuando está previsto que entre en funcionamiento un centro de datos aduanero único que permitirá aplicar los derechos normales según el tipo de mercancía —por ejemplo, el 12% para prendas de vestir chinas—.

La norma comunitaria se solapa con iniciativas nacionales que han generado distorsiones. Francia impuso en marzo una tasa propia de 2 euros, pero el Gobierno de París ha anunciado su suspensión inmediata al constatar que el 90% de los volúmenes se desviaban a otros Estados miembros para eludir el pago. Italia, que había aprobado un recargo similar, pospuso su entrada en vigor hasta octubre y podría eliminarlo si la medida europea lo hace redundante. Desde las asociaciones de consumidores, tanto a nivel comunitario como en países como Italia, se advierte de que, aunque legalmente el arancel recae sobre el vendedor o la plataforma, nada impide que el coste se traslade al comprador final, ya sea incorporándolo al precio o a los gastos de envío. BEUC exige que cualquier sobrecoste se informe claramente antes de la compra.

El siguiente hito llegará en noviembre, cuando Bruselas prevé añadir una tasa de gestión de hasta 2 euros por paquete para costear la gestión aduanera. Mientras, las grandes plataformas asiáticas estudian adaptarse: algunas negocian almacenes en suelo europeo para importar a granel y distribuir en el mercado único sin el recargo. El éxito dependerá de que la UE evite el desvío de flujos por países vecinos como Suiza y garantice que los consumidores no asuman un coste que no les correspondía.