El 21º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, presentado por la Comisión el 9 de junio, está siendo despojado de sus elementos más contundentes ante las objeciones de varios Estados miembro, según confirmaron fuentes diplomáticas en Bruselas. La propuesta original incluía un veto automático de visados para todos los militares rusos que hubieran participado en la guerra de Ucrania, la prohibición de vender buques para transportar gas natural licuado (GNL) ruso y la congelación del tope al precio del petróleo en 44 dólares por barril. Tras semanas de negociaciones, la prohibición de visados se limitará a quienes hayan tomado parte directa en combates y solo afectará a estancias de corta duración, mientras que la reventa de GNL a terceros países quedaría permitida, lo que según analistas en Europa central y oriental vacía de contenido el embargo previsto para 2027.

La resistencia provino de gobiernos con intereses económicos específicos. Francia, Italia y Grecia, cuyas economías dependen en parte del turismo ruso, consideraron que el veto generalizado era técnicamente inviable y contraproducente. Atenas, además, condicionó su apoyo a la congelación del precio del crudo —que pasaría de seis a tres meses— a que se le permita seguir reexportando GNL ruso fuera del bloque. Alemania, Polonia y Portugal lograron exenciones para importar pescado ruso como eglefino, abadejo y bacalao, mientras que Bulgaria bloqueó las sanciones contra el patriarca Kiril de la Iglesia Ortodoxa Rusa y contra el accionista de Lukoil Vagit Alekpérov, alegando que la petrolera ha presentado una demanda de 3.000 millones de euros contra Sofía. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, rechazó cualquier suavización y reclamó “sanciones eficaces”, en un contexto en el que la Comisión insiste en que el paquete debe aprobarse por unanimidad.

En paralelo, la Comisión Europea activó otro instrumento de su política exterior: una convocatoria dotada con 16,55 millones de euros para que países de América Latina, los Balcanes Occidentales y África Occidental presenten proyectos conjuntos de lucha contra el crimen organizado transnacional. La iniciativa, abierta hasta el 3 de septiembre, busca desmantelar redes de narcotráfico y trata de personas, y responde al aumento de los flujos de cocaína hacia puertos europeos y al hecho de que el 64% de las víctimas de trata en la UE en 2023-2024 eran ciudadanos extracomunitarios, muchos de ellos latinoamericanos. Operaciones recientes en México, Brasil y Canadá ilustran la escala del desafío: en costas mexicanas se incautaron 2,5 toneladas de cocaína y casi mil litros de gasolina; la Policía Federal brasileña desarticuló una red que enviaba cocaína a Europa en veleros y contenedores; y en Nueva Escocia se fijó para 2027 el juicio contra un hombre acusado de transportar 40 kilos de cocaína y 10.000 pastillas de opioides falsificadas.

En un tercer frente, la UE debate medidas contra la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. La Comisión ha presentado a los ministros de Exteriores un documento con opciones que incluyen un sistema de licencias para importar productos de las colonias, aunque su viabilidad depende de la capacidad de las aduanas nacionales para identificar el origen de las mercancías. España, Irlanda y Bélgica impulsan sanciones más severas, mientras Alemania se había opuesto hasta ahora. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó la expansión de “inaceptable” y advirtió que socava la solución de dos Estados. Los ministros de Exteriores abordarán el lunes estas opciones, el mismo día en que se espera que el Consejo intente cerrar el paquete de sanciones a Rusia, en una sesión que medirá la cohesión del bloque en tres de sus principales desafíos externos.