A partir de este 19 de julio, las grandes empresas textiles y de calzado que operan en la Unión Europea tienen prohibido destruir las prendas, el calzado y los accesorios que no hayan logrado vender o que les sean devueltos por los consumidores. La medida, recogida en el Reglamento (UE) 2024/1781, ataca un fenómeno que, según datos manejados por la Comisión Europea y por asociaciones de consumidores en Italia, supone la eliminación de entre el 4 % y el 9 % de los textiles puestos en el mercado cada año —unas 594.000 toneladas—, con unas emisiones asociadas de 5,6 millones de toneladas de CO₂, un volumen comparable a las emisiones netas totales de Suecia en 2021.

La nueva arquitectura normativa no se limita a la prohibición de destrucción. Las compañías afectadas deberán publicar anualmente, a partir de febrero de 2027, el número y el peso de los productos no vendidos de los que se deshagan, detallando los motivos y el destino dado a cada lote: reutilización, reciclaje, valorización energética u otras vías. Quedan exceptuados del veto los artículos peligrosos, defectuosos, deteriorados o que infrinjan derechos de propiedad intelectual. La obligación se extenderá a las medianas empresas en julio de 2030. Desde Bruselas se insiste en que el objetivo es empujar a los fabricantes a gestionar mejor los inventarios, tratar los retornos y explorar alternativas como la reventa en circuitos de outlet, el reacondicionamiento, las donaciones o la reintroducción en el mercado de segunda mano.

Las reacciones dibujan un mapa de expectativas y tensiones. El comercio minorista alemán, a través de su federación sectorial, anticipa un posible aumento de la oferta de artículos rebajados y reconoce ventajas ecológicas, pero advierte de los costes adicionales de logística, clasificación y preparación para la reventa, así como de las cargas burocráticas que impone la norma. La industria textil germana, en cambio, sostiene que la mayoría de las firmas europeas ya evitan destruir existencias y que el verdadero problema reside en los volúmenes masivos de ultra fast fashion que los consumidores adquieren directamente a plataformas extracomunitarias, exentas de las mismas exigencias. En Francia, donde ya existía una prohibición de eliminar invendidos no alimentarios, plantas como la de Reekom en La Courneuve ilustran una vía industrial de revalorización: una cuarentena de empleados desempaquetan, limpian, desetiquetan y reacondicionan prendas defectuosas para devolverlas al circuito comercial.

Las organizaciones ecologistas europeas consideran el paso correcto pero insuficiente. Greenpeace advierte de que las empresas pueden eludir la norma mediante una declaración falsa del estado de los productos, y reclama controles rigurosos para que la prohibición no quede en papel mojado. El WWF insiste en que la eficacia de la ley dependerá de su aplicación efectiva. El siguiente hito concreto será la primera ronda de informes estandarizados sobre los volúmenes descartados, prevista para comienzos de 2027, mientras el sector observa si la extensión de las obligaciones a las pymes en 2030 viene acompañada de la infraestructura de recogida, clasificación y reciclaje que, según analistas del sector textil alemán, sigue siendo la gran asignatura pendiente para que la economía circular deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad operativa.