La premisa que guió durante años a los conservadores alemanes —reducir la migración para restar apoyo a la ultraderecha— se ha desmoronado. Las cifras de asilo en Alemania han caído a sus niveles más bajos en muchos años, pero Alternativa para Alemania (AfD) alcanza máximos históricos en las encuestas, superando incluso a la Unión Democristiana. El propio líder bávaro Markus Söder admitió su perplejidad ante una dinámica que también sacude a Suecia. A tres meses de las elecciones, el bloque de derecha del primer ministro Ulf Kristersson, que endureció la política migratoria con el apoyo de los Demócratas Suecos, apenas roza el 42 % de intención de voto, mientras las fuerzas que respaldan a la socialdemócrata Magdalena Andersson suman un 55 %. La paradoja es meridiana: la mano dura no devuelve automáticamente a los votantes al redil conservador.

En el extremo opuesto del espectro político, España ha puesto en marcha el mayor proceso de regularización extraordinaria de su historia. El gobierno de Pedro Sánchez preveía entre 500.000 y 750.000 solicitudes; a dos semanas del cierre del plazo, ya ha recibido 900.000. La medida busca integrar en el mercado laboral formal a inmigrantes indocumentados que ya residen en el país, en un momento en que otras naciones europeas cierran fronteras. Sin embargo, desde la óptica de Bruselas y de sectores críticos en Madrid, el relato oficial choca con otra realidad: España es el tercer país de la Unión Europea en número de peticiones de asilo, pero el tercero por la cola en concesiones. La regularización masiva, aplaudida por la izquierda europea, funciona como una válvula de escape ante un sistema de protección internacional que apenas reconoce refugiados.

El giro sueco añade otra capa a este mosaico. El gobierno de Kristersson, a instancias de la extrema derecha, multiplicó por 35 la ayuda a la repatriación voluntaria: una persona puede recibir hoy 350.000 coronas (unos 30.000 euros) y una familia hasta 600.000. Las solicitudes se han disparado: 608 personas pidieron el subsidio hasta finales de mayo, un ritmo desconocido hasta ahora. Pese a ello, el bloque conservador sigue perdiendo fuelle electoral. Analistas en Estocolmo apuntan a que el electorado percibe estas políticas como un intento tardío de imitar a los Demócratas Suecos sin ofrecer un proyecto propio, lo que refuerza a la izquierda y no desmoviliza a la ultraderecha.

Mientras el debate migratorio domina la política, los inversores internacionales observan con otros ojos. En Alemania, el principal asesor económico de Friedrich Merz, el exbanquero Martin Blessing, ha advertido que las empresas extranjeras temen más un eventual éxito de La Izquierda (Die Linke) que de la AfD. Los debates sobre intervenciones en la propiedad y la regulación del mercado inquietan más a los inversores que el discurso antiinmigración. Esta jerarquía de preocupaciones sugiere que, para el capital, la estabilidad económica pesa más que la retórica identitaria. Europa se asoma así a un escenario inédito: la migración deja de ser el predictor automático del voto populista, la regularización masiva se ensaya en el sur y el factor económico redefine el tablero político.