La frágil tregua alcanzada en octubre de 2025 entre Israel y Hamás, con mediación estadounidense, no ha logrado detener la violencia en la Franja. Así lo denunció el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos, al revelar que las fuerzas israelíes han matado a casi un millar de palestinos desde el anuncio del cese de hostilidades, la mayoría de ellos civiles. El mismo día, testigos y fuentes médicas reportaron un nuevo ataque israelí en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, que acabó con la vida de dos hermanos, Ahmed y Mahmoud Abu Heen, mientras las tropas ampliaban su zona de control en el norte del enclave, provocando el desplazamiento de más residentes.

La ofensiva militar, que según fuentes israelíes responde a ataques de milicianos que han causado la muerte de cuatro soldados, se superpone a una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que miles de cadáveres permanecen sepultados bajo los escombros de edificios destruidos, y que el paso del tiempo, unido a la falta de maquinaria pesada y a las restricciones de acceso, hace cada vez más improbable su identificación. Esta situación no solo niega a las familias el derecho a conocer el paradero de sus seres queridos, sino que plantea graves riesgos forenses y de salud pública en un territorio donde la infraestructura sanitaria ha sido devastada.

La violencia se ha extendido también a Cisjordania, donde Türk documentó 57 muertes, casi 1.300 heridos, cientos de detenciones y 23 órdenes de confiscación de tierras por parte de las fuerzas israelíes y colonos, en lo que describió como una aceleración de la destrucción de comunidades y la anexión de territorio. Desde la óptica de las capitales europeas y latinoamericanas, estos datos refuerzan la percepción de que la tregua ha servido más para reconfigurar la ocupación que para garantizar la protección de civiles. Analistas en Madrid y Buenos Aires coinciden en que la falta de rendición de cuentas erosiona la credibilidad de los mecanismos de paz y alimenta un ciclo de impunidad.

La comunidad internacional enfrenta un dilema: mientras Washington defiende el derecho de Israel a la autodefensa, numerosos gobiernos —incluidos España y varios países latinoamericanos— han elevado el tono de sus condenas y estudian medidas como el reconocimiento pleno del Estado palestino o sanciones selectivas. Sin embargo, la recuperación de los cuerpos sin vida entre las ruinas y la identificación de las víctimas se perfilan como una tarea generacional que requerirá no solo voluntad política, sino también una inversión masiva en equipos forenses y la cooperación de todas las partes. Mientras tanto, cada día que pasa sin una paz efectiva añade nuevos nombres a una lista de víctimas que, como advierte la ONU, ya se cuenta por centenares desde que se declaró el último alto el fuego.