El 4 de julio de 2026, el centro cultural ruso de Chisinau, conocido como Casa Rusa, cesó sus actividades tras la denuncia por parte de Moldavia del acuerdo bilateral de 1998. El cierre se produce en un contexto de ruptura acelerada con Moscú: el mismo Gobierno proeuropeo de Maia Sandu ha sacado al país de la Comunidad de Estados Independientes y denunciado decenas de tratados. Desde el punto de vista de Bruselas, la decisión elimina un foco de influencia que, según las autoridades moldavas, servía para difundir propaganda y actividades híbridas. Rusia, a través de su agencia Rossotrudnichestvo, traslada a la embajada las labores culturales y de selección de estudiantes con fondos estatales.

Paralelamente, el primer ministro Alexandru Munteanu, un tecnócrata formado en el Banco Mundial, presentó su dimisión de forma inesperada. La renuncia se vinculó al escándalo destapado en la agencia estatal de control del tráfico aéreo (MoldATSA), donde se constataron contrataciones sin concurso, salarios desproporcionados y presuntos vínculos familiares: una prima de la presidenta Sandu llegó a percibir más de 22.000 euros mensuales. Un informe del Centro Nacional Anticorrupción detalló 33 contrataciones sin procedimiento público. La salida del primer ministro acontece justo cuando los 27 Estados miembros de la UE dieron luz verde al envío de la carta formal que comunica a Moldavia el inicio de las negociaciones de adhesión, según informan fuentes diplomáticas europeas.

En la región separatista de Transnistria, no reconocida internacionalmente, el líder Vadim Krasnoselski propuso a Chisinau una cooperación económica sin barreras. La oferta surge después de que Moldavia eliminara, desde enero de 2024, las facilidades aduaneras para las empresas transnistrias y endureciera los requisitos para el reconocimiento de ciudadanía de los nacidos en el enclave. Tiflis, por su parte, adoptó represalias como la anulación de beneficios a los agricultores moldavos. En febrero de 2024, un congreso de diputados de todos los niveles pidió a Rusia protección diplomática, y Moscú respondió en mayo de 2026 con la simplificación del acceso a la ciudadanía rusa para los habitantes de la región.

Analistas desde Kiev y Bucarest interpretan la propuesta económica de Transnistria como un intento de distensión ante la asfixia logística, pero subrayan que el conflicto se encuentra en un punto muerto: Chisinau apuesta por la integración gradual en su marco constitucional, una táctica de «presión lenta» que, según fuentes europeas, no dispone de los recursos militares para una solución rápida. Mientras, desde Bogotá, observadores latinoamericanos señalan que los desafíos de gobernanza anticorrupción no son exclusivos del espacio postsoviético: la reciente polémica en Colombia sobre la fiduciaria estatal Fiduprevisora, con contratos cuestionados y nombres vinculados a la corrupción, refleja patrones similares de captura institucional.

El cierre de la Casa Rusa se efectivizó con el vencimiento del acuerdo el 4 de julio, y las funciones culturales quedan integradas en la embajada. El Parlamento moldavo deberá evaluar la renuncia del primer ministro y el nombramiento de un sucesor, en medio de la presión por mantener la credibilidad reformista ante Bruselas. La Comisión Europea ha reiterado que la lucha contra la corrupción es una condición sine qua non para el avance de las negociaciones, cuyo siguiente paso será la definición del marco negociador en los próximos meses.