El Tribunal de Distrito de Oslo decidió este lunes que Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, continúe en prisión preventiva durante cuatro semanas más, pero bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico en la residencia oficial de Skaugum. La medida sustituye la reclusión en un centro penitenciario que el joven de 29 años cumplía desde febrero, cuando comenzó el juicio en su contra. La fiscalía anunció de inmediato que recurrirá la decisión, al considerar que persiste el riesgo de que cometa nuevos delitos, en particular por haber violado reiteradamente una orden de alejamiento hacia una de las víctimas.

Desde la óptica de la defensa, la decisión judicial representa un alivio que permite al acusado acompañar a su madre, quien se recupera de un doble trasplante de pulmón realizado en junio a causa de una fibrosis pulmonar diagnosticada en 2018. El abogado Petar Sekulic declaró a medios noruegos que su cliente “puede vivir con esta alternativa por ahora”, aunque subrayó que la prisión preventiva sigue siendo una carga. En las audiencias, el propio Høiby afirmó que no existe peligro de reincidencia y que no desea contacto con la denunciante, argumentando que en casi seis meses de cárcel no se registró ningún intento de comunicación que justifique mantener la privación de libertad.

El trasfondo del caso se remonta a agosto de 2024, cuando la policía detuvo a Høiby tras hallar a su entonces pareja con lesiones visibles en la cabeza. Posteriormente, dos exnovias lo acusaron de violencia, y en junio de este año fue sentenciado a cuatro años de prisión por dos violaciones según el código penal noruego y por agresiones contra una de ellas. La sentencia no es firme: la defensa ha apelado y se espera que un eventual proceso de segunda instancia tenga lugar el próximo año. Hasta entonces, el tribunal deberá definir periódicamente si el acusado permanece en arresto domiciliario o regresa a prisión.

Analistas en Europa del Norte observan que la combinación de razones humanitarias y control telemático refleja una tendencia en los sistemas penales escandinavos a modular las medidas cautelares cuando concurren circunstancias familiares graves, sin renunciar a la supervisión. En paralelo, un caso reciente en Brasil ilustra una lógica similar: el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, concedió prisión domiciliaria humanitaria al pastor Márcio Poncio, investigado por vínculos con el crimen organizado en Río de Janeiro, atendiendo a una enfermedad intestinal crónica y al embarazo de alto riesgo de su esposa. En ambos expedientes, la tobillera electrónica, la prohibición de contacto con otros investigados y la entrega de pasaportes operan como condiciones que buscan equilibrar la excepción humanitaria con la preservación de la investigación.

El tribunal de Oslo ha fijado un plazo hasta el mediodía del martes para que la fiscalía formalice su recurso. Si la apelación prospera, Høiby deberá esperar la resolución de la instancia superior antes de abandonar la cárcel. Mientras tanto, la defensa confía en que el arresto domiciliario permita al acusado integrarse en la rehabilitación de su madre, en un contexto en el que, según fuentes cercanas a la familia real, la presencia de los tres hijos ha sido constante desde la intervención quirúrgica.