Un jurado de Southwark Crown Court, en Londres, absolvió el miércoles a Diezani Alison-Madueke, ex ministra de Petróleo de Nigeria y primera mujer en presidir la OPEP, de cinco cargos de aceptación de sobornos y uno de conspiración para el cohecho. La exfuncionaria, de 65 años, había sido acusada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) británica de recibir estancias en propiedades de lujo, reformas millonarias y 100.000 libras en efectivo de empresarios energéticos que buscaban contratos en el sector petrolero nigeriano entre 2011 y 2015. Tras conocer el veredicto, Alison-Madueke declaró que la investigación, que se prolongó durante casi once años, fue «una experiencia muy ardua y traumática» para su familia, y agradeció a su círculo cercano por mantener la fe en su inocencia.

La absolución representa un duro revés para la NCA, que había dedicado trece años a investigar a una de las figuras políticas más prominentes de África. Desde el inicio del juicio en enero, la defensa cuestionó la imparcialidad del proceso, alegando que la fiscalía había ocultado documentos que demostraban que la exministra carecía de influencia real sobre la adjudicación de contratos petroleros. Analistas en Londres interpretan el desenlace como un recordatorio de las dificultades probatorias que enfrentan las agencias europeas al perseguir delitos de corrupción transnacional, especialmente cuando los presuntos sobornos se canalizan a través de beneficios en especie en lugar de transferencias directas.

Mientras la atención internacional se concentraba en la capital británica, en Abuya la justicia nigeriana avanza en otra causa contra un ex alto cargo. Un investigador de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) testificó que el exministro de Aviación Hadi Sirika eludió los procedimientos legales al adjudicar un contrato de consultoría por 299 millones de nairas a una empresa vinculada a un amigo, en el marco del fallido proyecto de la aerolínea nacional Nigeria Air. El caso, que se ventila en el Tribunal Superior del Territorio de la Capital Federal, ilustra la determinación de las autoridades nigerianas por perseguir presuntas irregularidades en la administración pública, incluso mientras antiguos colaboradores del gobierno de Goodluck Jonathan enfrentan escrutinio en el extranjero.

Desde Sídney, otro proceso de alto perfil captó la atención de los medios. Annalouise Spence, acusada de apropiarse indebidamente de casi 1,7 millones de dólares australianos de su antigua jefa, la filántropa multimillonaria Judith Neilson, obtuvo la libertad bajo fianza después de que su esposo depositara una garantía de un millón de dólares. Spence, de 51 años, había pasado dos meses en un centro penitenciario de máxima seguridad para mujeres y rompió a llorar durante la vista judicial al conocer la oferta de su marido. La jueza le advirtió que se enfrenta a 46 nuevos cargos por obtención fraudulenta de bienes. Para observadores en América Latina, donde los escándalos de corrupción y las extradiciones de exfuncionarios son recurrentes, la coincidencia de estos casos en tres continentes subraya la creciente cooperación judicial global y la persistente dificultad de traducir las acusaciones en condenas firmes.