La admisión por parte de la ministra de Agricultura rusa, Oksana Lut, de que existen “asperezas sobre el terreno” en el abastecimiento de combustible para la campaña de cosecha marca un punto de inflexión tangible en la economía de guerra del Kremlin. Con más de 21 millones de toneladas de grano ya recolectadas pero con las labores de campo retrasadas en aproximadamente 2,5 millones de hectáreas —alrededor del 12% de la superficie sembrada—, la escasez de diésel, concentrada sobre todo en los pequeños productores independientes, está demorando la recolección en el sur del país hasta dos semanas y elevando los precios globales del trigo.

El mecanismo que subyace a esta presión es doble. Por un lado, los ataques con drones ucranianos contra infraestructuras de refinado han reducido la capacidad de producción de combustibles, generando un déficit que el viceprimer ministro Alexander Novak reconoció abiertamente a principios de julio. Por otro, la respuesta del gobierno —un veto total a la exportación de gasolina y diésel— busca estabilizar el mercado interno, pero no ha impedido que los agricultores sin reservas propias tengan que adquirir el combustible en el mercado al contado a precios exorbitantes. Desde la óptica de Bruselas, este episodio ilustra las contradicciones de un entramado de sanciones que, si bien ha reducido los ingresos energéticos rusos y disparado la inflación, no ha logrado paralizar la maquinaria bélica ni la producción agroexportadora.

El impacto se distribuye de forma asimétrica entre actores y regiones. Los grandes productores agrícolas rusos, que acapararon reservas de combustible, mantienen su operativa, mientras los pequeños agricultores soportan el grueso del sobrecoste. En paralelo, las restricciones a la navegación en el mar de Azov —ruta que canaliza una cuarta parte de las exportaciones de grano rusas—, impuestas tras ataques recíprocos a buques de carga, añaden otra capa de fricción a la cadena logística. Observadores en Nueva Delhi y Pekín constatan que la redirección de los flujos comerciales rusos hacia Asia y Oriente Medio ha redistribuido ventajas comerciales, pero la actual crisis del combustible revela que la capacidad de Moscú para sostener simultáneamente el esfuerzo bélico, el abastecimiento civil y las exportaciones estratégicas encuentra límites operativos cada vez más visibles.

Pese a las imágenes de colas en gasolineras y al encarecimiento de alimentos básicos, analistas que han seguido la evolución del país desde 2022 descartan un escenario de colapso al estilo soviético. El control autoritario sobre las élites empresariales, la eliminación de toda oposición no autorizada y el fortalecimiento de los siloviki y del complejo militar-industrial han blindado al régimen frente a un estallido social. La vida cotidiana en la mayor parte del territorio ruso apenas se ha alterado, y el Kremlin mantiene la capacidad de priorizar el suministro a los sectores que considera estratégicos, como confirma la directriz presidencial de garantizar combustible para la cosecha.

El siguiente hito factual será la evolución de la propia campaña agrícola en las próximas semanas y el grado de cumplimiento de las entregas prioritarias de diésel prometidas por el gobierno. La interacción entre el veto exportador, la reparación de las refinerías dañadas y la presión sobre las rutas marítimas determinará si Rusia logra colocar su cosecha sin nuevas turbulencias en los mercados internacionales de materias primas.