En la unidad cardíaca del hospital universitario de Malmö, una enfermera rompió a llorar durante la entrega del turno. Acababa de terminar una jornada en la que se había sentido incapaz de atender a sus pacientes como merecían, y el peso de esa insuficiencia la desbordó. Su llanto contagió a la colega que debía relevarla, que también se echó a llorar allí mismo. El episodio, relatado por los delegados sindicales del centro, no es un hecho aislado: en esa misma planta, catorce enfermeras han renunciado desde principios de año y los dobles turnos de hasta dieciocho horas se han repetido casi un centenar de veces en siete meses.

Esa escena condensa un malestar que recorre los servicios públicos de regiones muy distintas. En la misma Suecia, una auxiliar de geriatría con cuarenta años de oficio escribió a la prensa local para confesar que ya no limpian las habitaciones ni dan las duchas necesarias, y que son ellas quienes piden disculpas a las familias, no los directivos. En la región de Kalmar, los representantes de diez sindicatos sanitarios advirtieron que la obsesión por las cifras de visitas rápidas está vaciando de contenido la consulta y expulsando a los profesionales más experimentados. Mientras, en Upsala, la gerencia del hospital universitario reconocía que aún faltaban por cubrir 680 turnos de verano en urgencias, y los analistas locales señalaban que el problema no era coyuntural sino el resultado de años de abandono de la salud laboral.

Esa fatiga del cuidado no es exclusiva del norte de Europa. En Bangladés, el ministro de Salud reveló en el Parlamento que 485 máquinas de rayos X y 395 ecógrafos están averiados en los hospitales de subdistrito, muchos de forma irreparable, mientras casi una cuarta parte de las plazas de médico permanecen vacantes. La consecuencia, según los datos oficiales, es una tasa de mortalidad materna que ronda las 4.353 muertes por cada 100.000 nacimientos, una cifra que los editorialistas de Daca califican de “vergüenza para cualquier sociedad civilizada”. Al mismo tiempo, en Brasil, el Consejo Nacional de Justicia alertaba de que los procesos por discriminación por identidad de género casi se triplicaron en un año, pasando de 83 a 221 nuevos casos, y los de orientación sexual saltaron de 167 a 317. Las autoridades judiciales brasileñas atribuyen el aumento a una mayor conciencia de derechos y a nuevas normas, pero también a una realidad de violencia que empuja a más personas a buscar amparo en los tribunales.

En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió a todas las prisiones del país a implementar protocolos contra la discriminación hacia las personas LGBT+, después de documentar contextos de violencia, rechazo y aislamientos indebidos. La petición se produce en un momento en que, desde España hasta América Latina, las políticas de igualdad y diversidad enfrentan resistencias. En el municipio sueco de Kristianstad, la mayoría gobernante rechazó dos propuestas para reforzar la formación en igualdad de género y crear una “escuela de climaterio” para mejorar la salud laboral de las mujeres, argumentando que no eran prioritarias. En Kalmar, la oposición conservadora denunció que no existe un mapa local de cuántos jóvenes viven bajo amenaza de violencia de honor, y que sin ese diagnóstico las intervenciones se mueven a ciegas.

En medio de ese cruce de urgencias, la cultura también se convierte en campo de disputa. En la región de Västra Götaland, el debate sobre la financiación del Teatro Folklórico de Gotemburgo enfrentó a quienes lo tachan de “proyecto socialdemócrata” y a quienes defienden que la política no debe etiquetar las instituciones culturales. Los portavoces ecologistas replicaron que, cuando los recursos son limitados, la sanidad debe estar por encima de la escena, pero que señalar a un solo teatro como culpable de la falta de camas es una operación de distracción. La imagen que queda es la de una enfermera que llora al final de un pasillo porque no llega a todo, mientras en otro continente una máquina de rayos X lleva años apagada y una mujer trans espera que un juez reconozca su derecho a existir sin miedo.