Un juez federal de Washington ordenó al Departamento de Defensa de Estados Unidos suspender temporalmente la exigencia de que los periodistas del diario The New York Times circulen acompañados por un escolta oficial dentro del Pentágono. El magistrado Paul L. Friedman dictó un fallo preliminar el martes tras considerar que la medida vulnera la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. La decisión no especifica si la suspensión se extenderá a reporteros de otras organizaciones, lo que deja abierto un escenario de aplicación selectiva mientras continúa el litigio de fondo.

Desde el Pentágono, el portavoz Sean Parnell expresó un enérgico desacuerdo con la resolución y adelantó que el gobierno de Donald Trump la apelará. Según la cartera de Defensa, la política de escolta constituye una medida de seguridad razonable para impedir que información sensible y clasificada llegue a adversarios extranjeros. En contraste, el diario neoyorquino calificó el fallo como una reafirmación bien fundamentada de los derechos de la prensa y sostuvo que la restricción buscaba ocultar al público las acciones de las fuerzas armadas. El juez Friedman, por su parte, subrayó en su escrito la importancia crítica de proteger las libertades consagradas en la Primera Enmienda, un mensaje que, a su juicio, merece ser reiterado.

El conflicto se inscribe en una escalada de tensiones entre el poder ejecutivo estadounidense y los grandes medios. La política de escolta fue introducida en marzo, un día hábil después de que el propio Friedman anulara restricciones previas impulsadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Aunque un tribunal de apelaciones suspendió parcialmente aquel primer fallo, el Times presentó una segunda demanda en mayo centrada exclusivamente en la obligación de ir acompañado. En octubre, el Times y otras cabeceras abandonaron el edificio del Pentágono en lugar de aceptar las condiciones de Hegseth, y desde entonces un nuevo cuerpo de prensa autorizado por el Departamento ocupa ese espacio.

Analistas en Buenos Aires observan paralelismos con las restricciones a la prensa que se aplican en la Casa Rosada argentina. Medios locales han documentado que periodistas acreditados son seguidos por personal militar hasta el baño y que el gobierno de Javier Milei cerró el acceso al palacio presidencial tras un caso de grabaciones con anteojos inteligentes, una denuncia que la justicia argentina desestimó por no hallar riesgo concreto a la seguridad nacional. Estas coincidencias alimentan, desde la óptica latinoamericana, un debate más amplio sobre los estándares de transparencia gubernamental y los límites al control de la información en la región.

El litigio en Washington sigue abierto. El Pentágono ha anunciado que recurrirá la decisión ante instancias superiores, mientras el fallo preliminar de Friedman mantiene su vigencia únicamente para los reporteros del Times. La corte de apelaciones que ya intervino en la causa deberá pronunciarse sobre el fondo de la política de escolta en los próximos meses, en un contexto en el que la relación entre el poder político y la prensa se dirime cada vez más en los tribunales.