El gobierno de Israel aprobó este domingo una decisión unánime que declara nulo un fallo de la Corte Suprema relativo a la Autoridad Segunda de Televisión y Radio, el organismo que supervisa a los medios comerciales del país. La resolución del gabinete, impulsada por los ministros de Comunicaciones y Justicia, sostiene que el tribunal carece de facultad para ordenar el funcionamiento de un consejo que no alcanza el quórum mínimo exigido por ley, luego de la renuncia colectiva de seis de sus miembros. La presidencia israelí, a través de Isaac Herzog, calificó la desobediencia como “una línea roja que no debe cruzarse bajo ninguna circunstancia”, mientras la fiscal general advirtió que se trata de un intento de normalizar la violación sistemática de resoluciones judiciales.

Desde la oposición parlamentaria, el líder Yair Lapid afirmó que el gobierno “se ha vuelto criminal” y que esta es “la crisis constitucional más grave en la historia de Israel”. El ex primer ministro Naftali Bennett alertó sobre el riesgo de anarquía y desintegración nacional. En contraste, el secretario del gabinete, Yossi Fuchs, minimizó el alcance del voto al describirlo como una “crítica severa” y no como un llamado a desobedecer, y aseguró que el ejecutivo recurrirá a todas las herramientas legales para revertir la decisión judicial. Analistas en Jerusalén señalan que la disputa se enmarca en un conflicto prolongado entre el poder ejecutivo y el judicial, que en 2022 ya había generado protestas masivas cuando el gobierno de Netanyahu intentó limitar las competencias de la Corte.

El trasfondo inmediato es la composición del consejo regulador. Según la legislación israelí, el organismo requiere un mínimo de dos tercios de sus integrantes para sesionar. Tras las renuncias, el tribunal ordenó en junio que el consejo continuara sus actividades mientras se revisan las impugnaciones contra los nuevos nombramientos, que según los peticionarios presentan conflictos de interés y sesgo político. El gobierno argumenta que la orden judicial contradice de manera frontal el texto legal y que, por tanto, cualquier acto del consejo carece de validez. La decisión del gabinete podría tener efectos concretos sobre la venta del Canal 13 —crítico del primer ministro— y sobre la clasificación del Canal 14, afín a Netanyahu, como “canal pequeño”, estatus que le otorga beneficios regulatorios.

Desde la óptica de Bruselas y de capitales latinoamericanas que siguen de cerca la salud institucional de las democracias, el episodio reaviva el debate sobre la independencia judicial y los límites de la revisión constitucional. Observadores en Madrid recuerdan que la negativa de un gobierno a acatar un fallo del máximo tribunal constituye un quiebre del principio de legalidad que sostiene a los sistemas parlamentarios. En Israel, el presidente Herzog insistió en que las declaraciones de desacato “dañan el núcleo de la unidad del pueblo”, mientras la fiscal general notificó formalmente a la Corte que la postura del ejecutivo representa un intento de amedrentar a quienes cumplan las resoluciones judiciales.

El expediente queda ahora en manos de la justicia, que deberá pronunciarse sobre el fondo de las impugnaciones a los nombramientos. El gobierno ha anunciado que agotará las vías legales para anular el fallo, pero no ha fijado plazos. La crisis se desarrolla en un contexto preelectoral: se espera que los comicios se convoquen para septiembre u octubre, y la oposición advierte que el desafío al tribunal podría ser utilizado para postergar la cita con las urnas si el oficialismo percibe una derrota.