El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, declaró el martes que Israel había cancelado el Acuerdo de Hebrón de 1997 y despojado a la Autoridad Palestina de sus competencias de planificación y construcción en el casco antiguo de la ciudad, incluido el santuario conocido como la Tumba de los Patriarcas o Mezquita Ibrahimi. La afirmación, realizada durante la colocación de la primera piedra de un nuevo asentamiento en la zona, fue inmediatamente matizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que negó la anulación del tratado y precisó que el cambio se limitaba a la transferencia de poderes administrativos sobre los lugares sagrados judíos y la comunidad de colonos, aprobada meses atrás por el gabinete de seguridad.

El episodio pone de relieve la compleja arquitectura jurídica y política que rige Hebrón, la única ciudad palestina dividida físicamente por un acuerdo bilateral. El pacto de 1997, heredero de los Acuerdos de Oslo, otorgó a la municipalidad palestina el control urbanístico sobre el 80 % del territorio, mientras que el 20 % restante —donde residen unos 800 colonos judíos rodeados de 40.000 palestinos— quedó bajo administración israelí. El santuario en disputa, venerado por judíos, musulmanes y cristianos como lugar de enterramiento de los patriarcas bíblicos, se encuentra precisamente en esa zona de fricción. La decisión del Consejo Superior de Planificación de la Administración Civil israelí, ejecutada el lunes por la noche, retira a la alcaldía de Hebrón toda autoridad sobre el enclave y la transfiere a un comité controlado por el propio Smotrich, ministro de línea dura y colono declarado.

La Autoridad Palestina reaccionó con una condena categórica. La presidencia de Mahmud Abbas calificó la medida de «violación del derecho internacional y de los acuerdos bilaterales» y advirtió que altera el estatus político y legal de Hebrón. Desde la óptica de las capitales árabes, la maniobra se interpreta como un paso más hacia la anexión de facto de Cisjordania, en un momento en que la atención internacional está centrada en otros frentes. Analistas en Oriente Medio subrayan que, aunque la Cancillería israelí haya suavizado el lenguaje, el resultado práctico es el mismo: la bandera palestina deja de ondear sobre la gestión cotidiana de uno de los símbolos identitarios más sensibles del conflicto.

Observadores europeos y latinoamericanos coinciden en que el movimiento erosiona aún más la solución de dos Estados. Desde Bruselas se recuerda que la Unión Europea ha financiado proyectos de rehabilitación en el casco antiguo de Hebrón precisamente para preservar el tejido palestino frente a la expansión de los asentamientos, considerados ilegales según el derecho internacional humanitario. En América Latina, donde varios países mantienen un reconocimiento histórico de Palestina como Estado, la noticia reaviva el debate sobre la eficacia de la diplomacia declarativa frente a hechos consumados sobre el terreno. La Cancillería israelí, al desmentir la anulación formal del acuerdo, parece buscar un equilibrio entre satisfacer a su ala más radical y contener la previsible condena en foros multilaterales.

El desenlace inmediato apunta a una intensificación de las tensiones en Hebrón y a un nuevo capítulo en la pugna por el relato jurídico. Mientras Smotrich proclama el fin de la era de Oslo en la ciudad de los patriarcas, los servicios jurídicos del Ministerio de Exteriores insisten en que el acuerdo sigue vigente. La contradicción entre ambos niveles del Ejecutivo israelí revela las fracturas internas de un gobierno que combina un discurso de soberanía maximalista con la necesidad de gestionar las repercusiones diplomáticas. Para la población palestina de Hebrón, la transferencia de competencias significa, en la práctica, un nuevo cercenamiento de su ya limitada autonomía municipal y el temor fundado de que la medida siente precedente para otros enclaves disputados de Cisjordania.