La salida del bloqueo temporal en el estrecho de Ormuz se encuentra en un limbo estratégico luego de que el embajador iraní en Pekín, Abdolreza Rahmani Fazli, confirmara el sábado la imposición de nuevas tarifas de servicio a los buques que transiten la vía, con un tratamiento especial para aquellos países considerados «amigos» por Teherán. El anuncio, formulado en el Foro Mundial de la Paz, se produce en el marco del memorando de entendimiento del 17 de junio entre Irán y Estados Unidos, que estableció un cese de hostilidades y el tránsito gratuito durante sesenta días, plazo que aún está en curso y cuyo vencimiento deja un vacío normativo que las partes no han resuelto.

Desde la óptica de Washington, la propuesta de cobrar peajes es inaceptable y condiciona el cumplimiento del resto de los compromisos, incluida la liberación de fondos iraníes congelados y el alivio de sanciones. Analistas europeos señalan que la negativa iraní a permitir operaciones de desminado lideradas por Francia y el Reino Unido —en colaboración con Omán— ha paralizado cualquier iniciativa multilateral para restaurar la seguridad en la ruta por donde circula habitualmente una quinta parte del crudo y el gas natural licuado mundial. Teherán insiste en que la gestión es responsabilidad exclusiva de Irán y del sultanato omaní, y ha calificado de «peligrosa» la presencia naval extranjera, un mensaje reiterado por el viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi.

El pulso no se libra solo en el terreno diplomático. Según filtraciones de círculos negociadores, los Guardianes de la Revolución —poderosa milicia que controla de facto las operaciones en el estrecho— se oponen a ceder el control incluso a costa de perder el acceso a fondos vitales para la economía iraní. Para esta facción, los eventuales ingresos por tarifas, estimados en hasta 40 000 millones de dólares anuales, representan una fuente de financiamiento autónoma, mientras que el presidente reformista Masud Pezeshkian prioriza la inyección de liquidez mediante la descongelación de activos y el fin de las sanciones para paliar una contracción económica que podría superar el 10 % en 2026. Esa tensión explica la ambigüedad del memorando: éste prevé que Irán y Omán definan «la futura administración y los servicios marítimos» antes de que expire la gratuidad, pero no establece mecanismos vinculantes.

Los efectos prácticos son inmediatos. Datos de firmas de seguimiento marítimo recogidos por las agencias indican que al menos ocho buques que intentaban salir del Golfo dieron media vuelta o se desviaron hacia corredores centrales después de que Teherán emitiera advertencias de ataque a quienes no siguieran sus instrucciones. El tráfico comercial, aunque se ha recuperado de forma moderada, sigue muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto, y cientos de embarcaciones permanecen fondeadas a la espera de condiciones seguras. Mientras, las negociaciones en Doha para un arreglo permanente —que incluyen el espinoso dossier nuclear iraní— no han logrado avances sustanciales, y la fecha en que vence el periodo de gratuidad se aproxima sin que se vislumbre un consenso sobre los términos de la normalización del tránsito en una de las arterias energéticas más sensibles del planeta.