Las fuerzas especiales iraquíes, apoyadas por unidades antiterroristas y el ejército, ejecutaron la madrugada del domingo una serie de redadas en la Zona Verde de Bagdad que resultaron en la detención de al menos una veintena de políticos, legisladores y altos funcionarios, entre ellos cinco diputados en funciones. La operación, sin precedentes por su escala y por apuntar directamente contra la élite política, se basó en órdenes judiciales emitidas tras las confesiones del ex viceministro de Petróleo Adnan al-Jumaili, arrestado el mes pasado por presunta corrupción. Según fuentes de seguridad citadas por agencias internacionales, los detenidos están implicados en malversación de fondos públicos, contrabando de petróleo iraní y financiación ilegal de facciones armadas, en un entramado que habría desviado miles de millones de dólares de las arcas estatales.

El primer ministro Ali al-Zaidi, que asumió el cargo en mayo con el respaldo de Washington y de un arco político heterogéneo, enmarcó la redada dentro de su promesa de combatir la corrupción endémica que lastra al país. Desde Bagdad, fuentes gubernamentales subrayan que se levantó la inmunidad parlamentaria de los legisladores implicados antes de los arrestos, en coordinación con el poder judicial y la presidencia del Parlamento. Analistas en Oriente Medio interpretan la campaña como un intento de al-Zaidi por consolidar su autoridad y debilitar a las redes clientelares que han dominado el Estado iraquí desde 2003, muchas de ellas vinculadas a partidos chiíes respaldados por Irán. No obstante, portavoces del Marco de Coordinación, coalición de fuerzas afines a Teherán, han guardado silencio, mientras que en los canales próximos a la Resistencia Islámica circulan mensajes que denuncian una “caza de brujas” política.

La dimensión regional de la operación no pasa desapercibida. La ofensiva judicial coincide con la presión estadounidense para que Bagdad desarme a las milicias proiraníes y con el bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha agravado la crisis económica iraquí. Al-Zaidi, un tecnócrata sin pasado en la vieja clase política, se dispone a viajar a Washington en julio para negociar un nuevo modelo de asociación que priorice la inversión y el desarrollo sobre la cooperación militar. En ese contexto, fuentes diplomáticas europeas consideran que la purga anticorrupción podría ser una señal de que el gobierno de Bagdad está dispuesto a reducir la influencia de las redes que han facilitado el contrabando de crudo iraní y la evasión de sanciones, un asunto que también preocupa a las capitales del Golfo.

De acuerdo con reportes de inteligencia regional, la detención de figuras como Ali al-Bahadli, viceministro de Petróleo sancionado por Estados Unidos en mayo, apunta directamente a las conexiones entre élites políticas y el tráfico ilegal de hidrocarburos hacia y desde Irán. La campaña se produce además en un momento de vacío parlamentario por el receso estival, lo que, según juristas locales, ha facilitado la ejecución de las órdenes de captura sin necesidad de un voto legislativo. El gobierno ha confirmado que los procedimientos judiciales continuarán en los próximos días, mientras la Zona Verde permanece bajo estrictas medidas de seguridad. La credibilidad de este proceso, advierten desde Bruselas, dependerá de que las investigaciones respeten las garantías procesales y no se conviertan en un ajuste de cuentas sectario, en un país donde la corrupción y la impunidad han erosionado la confianza ciudadana durante décadas.