En una operación sin precedentes, fuerzas especiales iraquíes detuvieron en la madrugada del domingo a decenas de altos cargos, incluidos al menos una docena de diputados, exministros y viceministros, acusados de corrupción financiera. Según fuentes de seguridad citadas por la agencia oficial iraquí, los arrestos se ejecutaron en la fortificada Zona Verde de Bagdad y en otras provincias, tras órdenes judiciales emitidas por el tribunal especial anticorrupción. El despliegue incluyó tanques y unidades de élite, y se cerraron los accesos al recinto gubernamental. Algunos sospechosos lograron huir, lo que provocó tiroteos y la activación de una operación de búsqueda que continúa. La Comisión de Integridad confirmó 47 detenidos hasta el momento y difundió una lista parcial que incluye a los diputados Muthanna al-Samarrai, Alia Nassif, Mohammed al-Karbouli y Hassan al-Khafaji, así como al viceministro de Petróleo para Distribución, Ali al-Bahadli, sancionado por Washington por su presunta implicación en el contrabando de crudo iraní.

La operación se sustenta en las confesiones del exviceministro de Petróleo Adnan al-Jumaili, arrestado el mes anterior, quien identificó una extensa red de desvío de fondos y contrabando de hidrocarburos. De acuerdo con fuentes judiciales en Bagdad, las investigaciones abarcan los ministerios de Petróleo y Electricidad y apuntan al saqueo de miles de millones de dólares. Las detenciones alcanzan a figuras vinculadas a los principales bloques suníes y chiíes, y a partidos próximos a Teherán, como la Alianza para la Construcción y el Movimiento Hizbulá iraquí. Desde la óptica de Washington, la operación es interpretada como una señal de la determinación del primer ministro Ali al-Zaidi —un empresario ajeno a la clase política tradicional— de cumplir sus promesas de reforma antes de su visita a Estados Unidos a finales de julio. Analistas en capitales europeas consideran que la campaña busca reforzar la credibilidad del Gobierno ante inversores internacionales y debilitar las estructuras de poder paralelas que, según informes de inteligencia occidentales, han utilizado el aparato estatal para financiar milicias afines a Irán.

La coyuntura regional imprime un carácter estratégico a estos arrestos. Para fuentes diplomáticas árabes, la simultaneidad con la visita a Bagdad del canciller iraní Abbas Araghchi y con el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el contrabando de petróleo iraní —agravado por el bloqueo del estrecho de Ormuz— sitúa a Irak en una encrucijada. Desde Teherán, el silencio oficial contrasta con las informaciones sobre la prohibición de salida del país impuesta a 64 altos cargos. Observadores en Latinoamérica, donde la corrupción sistémica también es un desafío central, señalan que la viabilidad de esta purga dependerá de la capacidad del sistema judicial para resistir presiones políticas y garantizar procesos transparentes.

El Gobierno iraquí ha asegurado que la campaña proseguirá en todas las provincias y que no habrá inmunidad para los implicados. La Comisión de Integridad subrayó que las detenciones son fruto de una coordinación sin fisuras entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. No obstante, persiste el escepticismo entre la ciudadanía, que ha visto fracasar anteriores promesas de lucha contra la corrupción. El primer ministro al-Zaidi tiene previsto viajar a Washington en julio para negociar un nuevo marco de cooperación económica y de seguridad, en un contexto en el que la credibilidad de sus reformas será determinante para atraer inversiones y consolidar la soberanía del Estado frente a los actores armados no estatales.