El Parlamento de Hungría aprobó el lunes una enmienda constitucional que limita a un máximo de ocho años —consecutivos o no— el ejercicio del cargo de primer ministro, una medida diseñada para impedir que Viktor Orbán vuelva a gobernar el país. Con 135 votos a favor, 50 en contra y seis abstenciones, la nueva mayoría de dos tercios del partido Tisza, liderado por el actual jefe de Gobierno Péter Magyar, cumplió así una de sus promesas electorales centrales. La reforma tiene carácter retroactivo: contabiliza los mandatos desde 1990, lo que inhabilita de forma permanente a Orbán, quien dirigió Hungría durante dieciséis años ininterrumpidos y fue reelegido líder de su formación Fidesz apenas unos días antes de la votación. Los diputados de Fidesz se opusieron en bloque, pero la aritmética parlamentaria surgida de las elecciones de abril selló la primera gran derrota institucional del antiguo régimen.

La enmienda no solo acota el poder ejecutivo, sino que desmonta piezas clave del entramado iliberal construido por Orbán. El texto elimina la protección constitucional de la llamada Oficina de Protección de la Soberanía, un organismo creado por el anterior gobierno para investigar a personas, organizaciones y medios considerados amenazas a la “identidad constitucional” del país. Magyar, que ya había revertido la salida de Hungría de la Corte Penal Internacional y alcanzado un entendimiento con el alcalde de Budapest sobre la marcha del Orgullo, presenta esta ofensiva legislativa como un antídoto contra la concentración de poder. “Un poder ilimitado siempre acaba, en cualquier sistema democrático, por perder todo sentido de la realidad”, argumentó al presentar la reforma. Desde Bruselas, la decisión se interpreta como una señal de normalización democrática tras años de tensiones con las instituciones europeas por el deterioro del Estado de derecho.

La operación húngara resuena más allá del continente. Observadores en Ankara recuerdan que la derrota electoral de Orbán demostró que incluso un autócrata que reescribe las reglas a su favor puede ser desalojado, un espejo incómodo para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien tras veintitrés años en el poder recurre a maniobras judiciales para debilitar a la oposición. En América Latina, donde varios países han adoptado límites a la reelección para frenar caudillismos —México con su principio de no reelección presidencial, Colombia con periodos únicos o la alternancia forzada en Costa Rica—, la reforma magiar se lee como un eco de la misma lógica institucional: blindar la alternancia antes de que el carisma personal capture el Estado.

El camino hacia la entrada en vigor no está exento de incertidumbre. La enmienda requiere la firma del presidente Tamás Sulyok, un jurista cercano al antiguo primer ministro, lo que introduce un compás de espera cargado de simbolismo. Analistas en Budapest advierten que Magyar, pese a su discurso de regeneración, está utilizando el mismo instrumento que Orbán empleó para reescribir la Constitución en quince ocasiones: una mayoría de dos tercios que permite modificar la ley fundamental sin necesidad de referéndum. La paradoja es evidente: se limita el poder absoluto con las herramientas que el propio poder absoluto legó. Con todo, la reforma envía un mensaje nítido a una Hungría que busca pasar página: la era de los mandatos vitalicios ha quedado constitucionalmente clausurada.