El Parlamento francés aprobó el martes un proyecto de ley de urgencia agrícola que autoriza, bajo condiciones excepcionales, el uso de dos pesticidas neonicotinoides —acetamiprid y flupiradifurona— prohibidos en Francia desde 2018 y 2019, respectivamente, aunque permitidos en el resto de la Unión Europea. La medida provocó la renuncia anunciada de la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, quien horas después aceptó continuar en el cargo a solicitud del presidente Emmanuel Macron, según confirmó su gabinete. La decisión legislativa, impulsada por el gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu para apoyar a productores de avellanas, remolacha y manzanas, fue calificada por la oposición de izquierda como una “ley del veneno” y generó críticas de organizaciones ambientalistas que ven un retroceso en el principio de precaución.

Desde la óptica del Ejecutivo francés, la reintroducción condicionada de estas sustancias responde a la necesidad de equiparar las condiciones competitivas de los agricultores franceses frente a sus pares europeos, y se enmarca en un paquete más amplio de apoyo al sector. La portavoz gubernamental, Maud Bregeon, explicó que Macron rechazó la dimisión de Barbut y que la ministra permanecerá para liderar tres ejes prioritarios: bosques, agua y salud ambiental. En contraste, desde la oposición ecologista y la izquierda insumisa, liderada por Marine Tondelier y Jean-Luc Mélenchon, se interpreta el episodio como la confirmación del “peso político cero” del ministerio ecológico bajo la presidencia de Macron, quien ha visto desfilar a ocho titulares en nueve años, incluyendo la salida de Nicolas Hulot en 2018 por desacuerdos similares.

En un desarrollo paralelo, el primer ministro Lecornu reveló en una entrevista con Paris Match que varios funcionarios ministeriales fueron cesados tras dar positivo en pruebas obligatorias y sorpresivas de detección de drogas, implementadas desde junio mediante un decreto que alcanza a personal con acceso a información clasificada. Según fuentes del gobierno francés, la medida busca preservar la credibilidad del Estado en su lucha contra el narcotráfico y evitar dobles estándares, en un contexto donde, de acuerdo con el propio Lecornu, casi un millón de personas consumen drogas en Francia y el fenómeno atraviesa todas las capas sociales. Analistas en Bruselas señalan que ambas crisis —la ambiental y la de integridad institucional— reflejan las tensiones de un ejecutivo que opera sin mayoría parlamentaria estable y que ha enfrentado múltiples mociones de censura en los últimos años.

La ley agrícola, que otorga a la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) un plazo de dos meses para autorizar excepciones, podría ser revisada por el Consejo Constitucional, que ya anuló un intento similar en 2024 por considerar que vulneraba la Carta del Medioambiente. Mientras tanto, Barbut, exsecretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y expresidenta de WWF Francia, permanece en el cargo con el compromiso presidencial de reforzar la agenda de salud ambiental. Los controles antidrogas, por su parte, continuarán de forma aleatoria en todos los ministerios, y el primer ministro no descartó que sus sucesores los amplíen aún más.