El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el jueves el cierre definitivo del centro de detención migratoria conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado en un remoto aeródromo de los Everglades. La instalación, que operó durante casi un año como pieza emblemática de la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, se encontraba ya sin detenidos y su desmantelamiento total está previsto en las próximas dos semanas. Según el gobierno estatal, el centro cumplió una función de emergencia temporal mientras las autoridades federales ampliaban su capacidad en centros permanentes, y por él pasaron 21.000 personas que fueron expulsadas del país.

Desde su apertura en julio de 2025, la prisión de campaña fue objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Un informe de Amnistía Internacional recogió testimonios de detenidos que denunciaban hacinamiento en jaulas —hasta 32 personas en 93 metros cuadrados—, alimentos con gusanos, sanitarios desbordados que inundaban el suelo con aguas fecales y exposición constante a mosquitos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la existencia misma del centro como un "escándalo" y denunció la falta de acceso efectivo a abogados. Paralelamente, grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee presentaron demandas judiciales argumentando que la construcción apresurada, sin estudios de impacto ambiental, dañó el frágil ecosistema de los Everglades y amenazó especies protegidas.

El coste de la instalación se convirtió en otro foco de controversia. Estimaciones de la administración floridana situaron el gasto total en más de 1.000 millones de dólares, con un costo operativo diario cercano al millón de dólares, financiado inicialmente con fondos estatales de emergencia. Aunque el Congreso federal, de mayoría republicana, aprobó reembolsos parciales, Florida aún no ha recuperado la totalidad de lo invertido. La decisión de clausurar el centro se aceleró con el inicio de la temporada de huracanes, que según las autoridades hacía inseguro mantener detenidos en los pantanos. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, propuso transferir los terrenos de propiedad condal al Servicio de Parques Nacionales para su restauración ambiental, al considerar que su valor como activo aeroportuario es limitado y su ubicación junto a uno de los humedales más importantes del mundo exige una protección permanente.

El cierre de "Alligator Alcatraz" no modifica, sin embargo, la orientación de fondo de la política migratoria estadounidense. La Casa Blanca, a través del zar fronterizo Tom Homan, subrayó que Florida concentra el 40 % de las detenciones migratorias del país gracias a los acuerdos de cooperación policial 287(g), y que las redadas y deportaciones continúan. Los detenidos que permanecían en el centro fueron trasladados a otras instalaciones en estados como California, Arizona, Luisiana y Texas. Mientras el desmontaje de las tiendas avanza, el futuro del terreno y los litigios pendientes mantienen abierto el debate sobre el legado de un centro que, para sus críticos, simbolizó la crueldad de una política de disuasión migratoria ejecutada sobre un ecosistema único.