La Casa Blanca comunicó formalmente al Congreso su intención de vender a Turquía motores de reacción F-110 por un valor superior a los 700 millones de dólares, según confirmaron fuentes legislativas y una notificación oficial a la que tuvo acceso la agencia Reuters. El movimiento se produce a escasas semanas de la cumbre de la OTAN en Ankara y horas después de que el presidente Donald Trump declarara que probablemente haría algo que haría «muy feliz» a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, al ser preguntado por la posible entrega de los cazas furtivos F-35, bloqueados desde 2019.

Desde el Capitolio, legisladores demócratas reaccionaron con dureza. El representante Gregory Meeks, miembro de mayor rango del partido en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, acusó al Ejecutivo de eludir la revisión parlamentaria sin invocar autoridad de emergencia ni presentar una justificación por escrito. Otros congresistas, como Chris Pappas, advirtieron que no se debe «premiar al gobierno de Erdogan mientras siga violando la ley estadounidense y amenazando a aliados democráticos fiables». La oposición se apoya en las sanciones de la ley CAATSA, impuestas en 2020 contra la agencia de adquisiciones de defensa turca por la compra del sistema antiaéreo ruso S-400, que Washington considera una amenaza para la seguridad de la Alianza.

Para Ankara, los motores de General Electric son un componente crítico del proyecto KAAN, el caza de quinta generación desarrollado por Turkish Aerospace Industries con el que Turquía busca reducir su dependencia de plataformas extranjeras y sustituir su envejecida flota de F-16. Fuentes del Ministerio de Defensa turco han señalado en el pasado que sin la activación de estas licencias la producción del KAAN no puede avanzar. El gobierno de Erdogan mantiene que la posesión del S-400 responde a necesidades soberanas de defensa y ha insistido en que la pertenencia a la OTAN no debería ser incompatible con esa adquisición.

Analistas en Oriente Medio observan la operación con inquietud. La prensa israelí ha vinculado la venta de motores con el fortalecimiento militar turco, que incluye ensayos exitosos de control de enjambres de drones junto a Italia y maniobras terrestres con Qatar, capacidades que, según fuentes de seguridad regionales, alteran el equilibrio táctico en el Mediterráneo oriental. Desde Bruselas, la cumbre de la OTAN del próximo julio se perfila como el escenario en el que Trump y Erdogan podrían escenificar un acercamiento que, sin embargo, no disipa las dudas jurídicas: el vicepresidente J. D. Vance recordó que cualquier venta de F-35 requerirá la conformidad del Congreso y la verificación del cumplimiento de los criterios legales por parte de Turquía.

El expediente queda ahora en manos del Legislativo, que dispone de quince días para presentar una resolución conjunta de desaprobación. Para ser efectiva, la medida necesitaría mayorías en ambas cámaras y podría ser vetada por el presidente. Mientras, el Pentágono revisa si Turquía reúne las condiciones para readquirir los F-35, en un contexto en el que la administración parece dispuesta a utilizar las ventas de defensa como herramienta de acercamiento bilateral, aunque persisten las restricciones derivadas de la ley CAATSA y la desconfianza de una parte significativa del Congreso.