El asesinato de Valentina Vanegas Gallego, gestora deportiva de 29 años del municipio colombiano de Itagüí, concentró la indignación regional al conocerse que su presunto agresor —su compañero sentimental— ya había sido condenado por violencia intrafamiliar, pero quedó en libertad por vencimiento de términos. El crimen, ocurrido el 15 de junio en el barrio Robles del Sur tras los gritos de auxilio que alertaron a los vecinos, no fue un hecho aislado. En la misma jornada, en Zacapoaxtla, Puebla, Susana Vázquez Morales, de 34 años, murió apuñalada por su novio durante una discusión; el agresor intentó quitarse la vida y fue detenido. Un día después, en Governador Valadares, Brasil, la abogada Ana Paula Rocha fue tiroteada en un estacionamiento por su exmarido, quien luego se suicidó. Apenas una semana antes, en Tamandaré, Pernambuco, la agente comunitaria de salud Silvanice Batista da Silva, de 47 años, había sido degollada por su exesposo, arrestado cinco días más tarde. Estos nombres se suman a una lista que no deja de crecer en la región.

Desde la óptica de los observatorios de género en Bogotá y São Paulo, la simultaneidad de estos episodios no es casual. La pandemia de covid-19 y las medidas de confinamiento actuaron como un acelerador de la violencia doméstica, al encerrar a las víctimas con sus agresores y dificultar el acceso a redes de apoyo. En México, analistas de seguridad ciudadana advierten que el caso de Tehuacán —donde una mujer fue arrastrada por una camioneta tras un altercado vial y cuyo conductor sigue prófugo— ilustra cómo la agresión machista se desborda del ámbito privado al espacio público con total impunidad. Las líneas de emergencia en los tres países registraron durante 2020 picos históricos de llamadas, pero la respuesta institucional sigue siendo insuficiente.

El patrón que conecta estos feminicidios es la existencia de señales previas ignoradas o minimizadas por el sistema judicial. En Itagüí, el victimario tenía antecedentes por violencia intrafamiliar; en Tamandaré, el sospechoso fue inicialmente liberado tras prestar declaración; en Puebla, la discusión que terminó en puñaladas ocurrió en un entorno que, según vecinos, ya conocía episodios de maltrato. Especialistas en derecho penal desde Buenos Aires subrayan que la figura del feminicidio, tipificada en la mayoría de los países latinoamericanos, no basta si no se acompaña de medidas cautelares efectivas y de una transformación cultural que desnaturalice la violencia. La reincidencia y la lentitud judicial convierten las órdenes de protección en papeles sin fuerza vinculante.

Más allá de la respuesta penal, los expertos en políticas públicas de la región insisten en la necesidad de fortalecer la autonomía económica de las mujeres y los mecanismos de alerta temprana. En el caso de Tehuacán, la víctima quedó expuesta en la vía pública sin que nadie interviniera para detener al agresor, lo que revela una sociedad que aún tolera o minimiza la violencia visible. Mientras las fiscalías de Puebla, Antioquia y Pernambuco avanzan en las investigaciones, las organizaciones feministas reclaman que cada feminicidio no se convierta en una estadística efímera, sino en un punto de inflexión para revisar protocolos, asignar recursos y garantizar que ninguna denuncia previa quede sin seguimiento. La memoria de Valentina, Ana Paula, Silvanice y Susana exige, desde sus distintas geografías, un mismo compromiso: que el Estado llegue antes que el femicida.