El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos han abierto una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, según reportes de la prensa argentina. La pesquisa, que se desarrolla mientras la selección albiceleste disputa los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, se centra en la posible comisión de delitos de lavado de dinero y fraude a través del sistema bancario norteamericano. De acuerdo con medios de Buenos Aires, los investigadores buscan determinar cómo la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia movilizó cientos de millones de dólares mediante cuentas en entidades como Citibank, Bank of America y JP Morgan, y si parte de esas operaciones constituyó ilícitos bajo jurisdicción estadounidense.

El foco principal de la indagación es la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Florida y propiedad del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. Esta firma actuó como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA, incluyendo acuerdos con Adidas y Warner, y administró al menos 260 millones de dólares en ingresos de la federación. Según la documentación bancaria analizada por la prensa argentina, unos 57 millones de dólares fueron distribuidos entre diversas compañías y beneficiarios sin una justificación económica clara. Entre los destinatarios figuran empresas que no habrían prestado servicios identificables y personas que, de acuerdo con registros oficiales, percibían subsidios sociales. La investigación, liderada por los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting en Washington y Michael Berger en el distrito sur de Florida, ha comenzado a tomar declaraciones a testigos como el empresario Guillermo Tofoni, quien brindó un testimonio de tres horas por videoconferencia. Paralelamente, en diciembre de 2025, la policía argentina allanó dos sedes de la AFA y 18 clubes de las tres principales divisiones, entre ellos Barracas Central —presidido por el hijo de Tapia—, Independiente y San Lorenzo, en el marco de una causa local también por sospechas de lavado de dinero.

Desde la AFA, representantes legales en Estados Unidos han subrayado que rige el principio de presunción de inocencia y que las medidas de investigación no constituyen prueba de responsabilidad. En Washington, fuentes cercanas al caso indican que la pesquisa se encuentra en una fase preliminar y que aún no se han presentado cargos formales. El interés de las autoridades estadounidenses se remonta a septiembre de 2024, cuando el Ministerio de Seguridad argentino, durante la gestión de Javier Milei, trasladó información sobre posibles irregularidades, aunque en ese momento el FBI consideró que los datos eran insuficientes para abrir un caso penal. Ahora, los fiscales evalúan convocar a exfuncionarios del gobierno de Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA.

Analistas en Buenos Aires observan que la investigación añade un nuevo frente de presión para Tapia, quien ya enfrenta cuestionamientos internos por cambios impopulares en la liga doméstica y por la organización de partidos amistosos contra selecciones de bajo ranking. Desde la óptica de organismos internacionales, el caso pone de relieve los riesgos de opacidad en la gestión de los ingresos comerciales del fútbol sudamericano cuando estos transitan por sistemas financieros de otras jurisdicciones. El Departamento de Justicia estadounidense podría solicitar documentación adicional a las entidades bancarias involucradas antes de decidir si avanza hacia una investigación criminal formal, un paso que, de concretarse, tendría consecuencias directas sobre la cúpula dirigencial de la actual campeona del mundo.