El gobierno federal alemán ha cerrado un paquete de ahorro sanitario que, según el Ministerio de Salud en Berlín, cubre un déficit de 30 000 millones de euros en los seguros de enfermedad y dependencia para 2027. La reforma, defendida por la ministra Nina Warken como un “cambio de paradigma”, congela el alza de las cotizaciones adicionales —que sin medidas habrían saltado del 2,9 % al 3,9 %— a cambio de recortes en hospitales, un copago simbólico para el aseguramiento familiar de ciertos colectivos y una aportación federal ampliada para los perceptores de la renta básica. El texto, que incorpora 51 de las 66 recomendaciones de una comisión financiera independiente, inicia ahora su tramitación parlamentaria en un clima de fuerte polarización regional.

Desde la óptica de los länder, el ajuste hospitalario genera “reacciones muy emocionales”, admitió la propia ministra, porque los centros atraviesan un proceso de transformación estructural. Las autoridades regionales, con competencias en la planificación de camas, lograron suavizar el impacto inicial, pero el gobierno federal insiste en que los hospitales deben contribuir a la estabilización de las primas. En paralelo, la reforma introduce un incremento progresivo de la transferencia por cada beneficiario de la seguridad básica: de 144 euros mensuales actuales a 174 euros en 2027 y 240 euros en 2031, un gesto que desde Berlín se presenta como un primer paso hacia una financiación más equilibrada del sistema.

En el Reino Unido, el Comité de Trabajo y Pensiones de la Cámara de los Comunes ha recomendado elevar la prestación universal (Universal Credit) para las personas de 66 años que, por el retraso de la edad de jubilación a los 67, quedan atrapadas en un “año de penuria”. El informe, citado por analistas en Londres, documenta que la anterior subida de 65 a 66 años duplicó la tasa de pobreza absoluta entre los afectados y advierte de que la medida golpea con más fuerza en las zonas desindustrializadas, donde la esperanza de vida es menor. El comité propone una solución temporal para finales de 2026 mientras se diseña un apoyo de largo plazo, y subraya que el trabajo forzoso por necesidad financiera, a diferencia del voluntario, deteriora la salud.

En India, la visita en junio de 2026 del enviado especial del secretario general de la ONU para la Salud Financiera puso el foco en la siguiente fase de la inclusión: pasar de la mera titularidad de cuentas bancarias —que ya alcanza al 89 % de los adultos, según el Banco Mundial— a productos que generen resiliencia. En Nueva Delhi, el gobierno de Narendra Modi explora un “Jan Dhan 2.0” que convierta las cuentas básicas en plataformas de ahorro para la jubilación, seguros asequibles y crédito responsable, en sintonía con el objetivo Viksit Bharat 2047 de transitar del bienestar a la creación de riqueza. Mientras, en Suecia, el debate sobre la privatización de la atención ginecológica enfrenta a la coalición de izquierdas, que defiende reforzar los centros de salud públicos, con quienes abogan por un modelo de libre elección que, según la administración regional de Kalmar, fragmentaría recursos. En América Latina, expertos de la CEPAL observan estas tensiones como un espejo de los dilemas que afrontan los sistemas de pensiones y salud de la región, donde la informalidad y el envejecimiento acelerado obligan a combinar sostenibilidad fiscal con pisos de protección. El proyecto de ley alemán se votará en el Bundestag antes del receso estival; el comité británico espera una respuesta del Ejecutivo en otoño; y el gobierno indio prepara un libro blanco sobre salud financiera para la cumbre del G20 de 2027.