El Parlamento francés ha convertido al país en el primero de la Unión Europea en vetar el acceso de los menores de 15 años a plataformas como Instagram, TikTok o Snapchat, una medida que entrará en vigor tras un período de adaptación y que obliga a las empresas a verificar la edad de los usuarios. La decisión, celebrada por el Gobierno de Emmanuel Macron como un paso para devolver la infancia a los niños, se enmarca en una ofensiva regulatoria más amplia. Desde Bruselas, la Comisión Europea ha acusado formalmente a TikTok de violar la Ley de Servicios Digitales al mantener configuraciones que exponen a los adolescentes a ciberacoso y a contactos con predadores sexuales, y ha advertido con multas de hasta el 6 % de su facturación mundial si no modifica sus prácticas.

En sentido opuesto, el Consejo de Ministros italiano ha aprobado un proyecto de ley que reduce la edad de imputabilidad penal a los 14 años, al invertir la carga de la prueba sobre la capacidad de entender y querer del menor. La primera ministra Giorgia Meloni defendió la norma como ‘de sentido común’ para combatir las bandas juveniles, y el vicepresidente Matteo Salvini subrayó que si un adolescente delinque debe responder como un adulto. La oposición, encabezada por el Partido Democrático, la calificó de ‘barbarie’ y alertó de una deriva represiva que desmantela la justicia juvenil. Organismos internacionales como Unicef y asociaciones de magistrados progresistas cuestionaron la compatibilidad constitucional del texto y advirtieron de que debilita el enfoque reeducativo que ha caracterizado al sistema italiano.

Analistas en Madrid y en el Cono Sur observan estas señales contrapuestas como un reflejo de la tensión global entre proteger a los menores en el entorno digital y endurecer las respuestas penales frente a la delincuencia juvenil. En Suecia, el Gobierno socialdemócrata ha propuesto elevar la edad mínima para usar redes sociales a 15 años, con apoyo de casi todos los partidos, una medida similar a la de Australia, que desde 2025 exige 16 años para diez plataformas. En Brasil, la protección integral de la infancia tiene rango constitucional y el reciente Estatuto Digital del Niño y del Adolescente obliga a las tecnológicas a implementar mecanismos de prevención de riesgos y de verificación de edad, aunque sin una prohibición explícita de acceso. Desde la óptica de Brasilia, el debate se centra en la corresponsabilidad entre familias, Estado y empresas, más que en vetos absolutos.

Mientras el Gobierno italiano se prepara para llevar el proyecto al Parlamento, donde la coalición de derecha dispone de mayoría, Francia iniciará el despliegue técnico de la verificación de edad, un desafío que la ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, ha dejado en manos de las plataformas. La Comisión Europea, por su parte, ha anunciado que presentará después del verano boreal propuestas para un acceso gradual de los menores a los servicios en línea, y continúa investigando a TikTok por elementos de diseño adictivos como la reproducción automática y el desplazamiento infinito. En Seúl, la autoridad de protección de datos impuso una multa de 10.300 millones de wones a la misma red social por recopilar sin consentimiento información de 9,45 millones de usuarios coreanos con fines publicitarios, lo que subraya que la presión regulatoria sobre las plataformas no se limita a las fronteras comunitarias.