La fiscal general de Queensland, Deb Frecklington, anunció la presentación de dos proyectos de ley que eliminarán un vacío legal en los delitos de conducción peligrosa con metanfetamina en el organismo. La reforma, impulsada tras la absolución parcial de una conductora que causó la muerte de Kathleen Dennis en 2022, permitirá que la presencia de la droga sea considerada un agravante sin necesidad de demostrar afectación psicofísica. Desde Brisbane, fuentes del gobierno estatal subrayan que la medida responde a un cambio de patrón: los fallecimientos por drogas al volante ya superan a los provocados por el alcohol en las carreteras de Queensland.

En paralelo, la justicia de Florida autorizó a la fiscalía el acceso a los historiales médicos y farmacéuticos de Tiger Woods, detenido en marzo tras un accidente vial en Jupiter Island. El golfista, que dio negativo en la prueba de alcoholemia pero rechazó el análisis de orina, fue hallado con dos analgésicos recetados y mostraba signos de deterioro. El acuerdo judicial, que incluye una orden de protección para limitar la difusión de los registros, ilustra, según analistas jurídicos en Washington, la creciente relevancia de los historiales de prescripción como prueba en casos donde el alcohol no es el factor determinante.

La negativa a someterse a pruebas de detección sigue acarreando consecuencias automáticas en la mayoría de los estados norteamericanos bajo las leyes de consentimiento implícito. En julio, los conductores que rechacen el test de aliento se enfrentan a la suspensión inmediata de la licencia por hasta doce meses, incluso en una primera infracción. Wyoming es la única jurisdicción que no contempla esta sanción. La Corte Suprema federal determinó en 2016 que, sin orden judicial, un estado no puede penalizar el rechazo a un análisis de sangre, aunque sí el de aliento, un matiz que, desde la óptica de juristas en Ciudad de México, refleja la tensión entre la seguridad vial y las garantías constitucionales.

El debate sobre la responsabilidad del conductor frente a los sistemas de asistencia también se intensifica. En Texas, la investigación de un siniestro fatal con un Tesla Model 3 reveló que el conductor anuló manualmente el sistema de conducción autónoma supervisada y pisó el acelerador a fondo, alcanzando 117 kilómetros por hora en una zona residencial antes de empotrarse contra una vivienda. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras abrió una investigación, mientras que ejecutivos de la compañía señalaron que los datos del vehículo eximen a la tecnología. El caso alimenta, según observadores en Bruselas, el escrutinio regulatorio sobre la comercialización de funciones como “Autopilot” y “Full Self-Driving”.

En España, la Dirección General de Tráfico mantiene un enfoque centrado en la evaluación psicofísica periódica para conductores mayores de 65 años, sin fijar una edad de caducidad del permiso. A partir de los 70, la renovación exige informes médicos que descarten patologías cardíacas, neurológicas o visuales que comprometan la seguridad. La DGT recuerda que el grupo con mayor siniestralidad al volante es el de mayores de 80 años, aunque la capacidad individual, y no la edad, determina la aptitud. El trámite, gratuito en cuanto a tasas de tráfico, se resuelve en centros de reconocimiento autorizados y otorga una vigencia de cinco años para turismos y motocicletas.