El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha fijado en 15 años la edad mínima para acceder a las redes sociales, una decisión que, según las autoridades emiratíes, se sustenta en investigaciones sobre el desarrollo cognitivo infantil. La ministra de Familia, Sana bint Mohammed Suhail, explicó que los expertos identificaron esa edad como una etapa de especial vulnerabilidad en la que las capacidades de razonamiento racional aún requieren protección. La resolución, que concede a las plataformas un plazo de doce meses para implementar sistemas de verificación de edad basados en identidad digital gubernamental, escaneo de documentos oficiales o reconocimiento facial mediante inteligencia artificial, contempla sanciones que incluyen el bloqueo parcial o total de los servicios que no cumplan. Los datos biométricos recabados, subrayó el regulador de telecomunicaciones, no podrán ser almacenados ni utilizados para otros fines.

Desde Canberra, la experiencia con una ley similar aprobada en 2025 ofrece un contrapunto. Reportes de la prensa australiana indican que la norma, que prohíbe el acceso a menores de 16 años, no ha logrado un cambio significativo: siete de cada diez padres cuyos hijos ya estaban en las plataformas afirman que estos mantienen sus cuentas, a menudo mediante disfraces digitales. Analistas locales señalan que la desactivación masiva de perfiles ordenada por el Estado fracturó las barreras de control parental que ofrecían Apple y Google, dejando a los adolescentes en un espacio menos supervisado. El Parlamento australiano, lejos de revisar la estrategia, evalúa endurecer las medidas, una postura que, según esos mismos análisis, ignora la capacidad de los jóvenes para sortear las restricciones legislativas.

En América Latina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que tras la Copa Mundial de Fútbol se abrirá un amplio debate público sobre la regulación del uso de inteligencia artificial y redes sociales por menores. La mandataria, que ha expresado preocupación por el impacto del tiempo de pantalla en la salud de niñas y adolescentes, convocará a especialistas en salud, legisladores, medios de comunicación y familias. La iniciativa se alinea con una tendencia global que incluye a países como Francia, el Reino Unido, China y Vietnam, y que, según la Organización Mundial de la Salud, responde a la creciente evidencia de trastornos del sueño, estrés y dependencia asociados al uso no regulado de dispositivos. El debate mexicano, sin embargo, se plantea sin censura y con la intención de consultar a las familias sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, en un contexto donde las demandas contra plataformas como Instagram y TikTok por diseñar productos adictivos se multiplican en distintas jurisdicciones.

Los riesgos que estas regulaciones buscan atajar no se limitan a la salud mental. Las policías de los Emiratos Árabes Unidos han advertido que las redes de narcotráfico utilizan cada vez más las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas de videojuegos para captar a jóvenes. Campañas como “Unidos como uno solo para erradicar la amenaza” alertan sobre el mito de “probar solo una vez”, respaldándose en datos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas estadounidense que muestran que el 5,67 % de las muertes por sobredosis ocurren entre los 15 y los 24 años. En paralelo, especialistas en neuropsicología infantil consultados en Dubái insisten en que la prohibición debe ir acompañada de alternativas: el aburrimiento, afirman, es “la cuna de la creatividad”, y el vacío que dejan las pantallas debe llenarse con deporte, teatro o voluntariado para evitar que el veto genere resentimiento y conductas de evasión.

El dossier queda abierto en varios frentes. Los Emiratos Árabes Unidos inician un período de transición de un año para que las tecnológicas adapten sus sistemas, mientras México posterga cualquier decisión hasta que concluya el debate público posterior al Mundial. Australia, por su parte, se enfrenta a la paradoja de una ley que, según los datos disponibles, no ha reducido el acceso de los menores pero sí ha debilitado los controles parentales. La tensión entre la protección de la infancia, la eficacia de las prohibiciones y el derecho a la privacidad marcará la agenda regulatoria de los próximos meses en tres continentes.