El 30 de junio llevaba semanas escrito como un ultimátum en los muros de Sudáfrica: los migrantes irregulares debían irse o los grupos que se autodenominan vigilantes —Operation Dudula y March and March— se encargarían de echarlos. Ese día, las marchas que muchos temían un baño de sangre fueron en su mayoría pacíficas: 108 de las 120 manifestaciones transcurrieron sin incidentes graves, según la policía. Pero en Johannesburgo y Durban se oyeron disparos, algunos migrantes fueron arrojados de sus casas y los arrestos rozaron el millar, una cifra que incluye tanto a manifestantes como a extranjeros en situación irregular. El fantasma de 2008, cuando la caza al forastero dejó más de sesenta muertos, se mantenía suspendido sobre las calles.

Desde Abuya, la reacción no se hizo esperar. El Senado nigeriano debatió con dureza una moción que calificaba los ataques de amenaza grave y advertía que Nigeria podría revisar sus relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Algunos senadores pidieron cortar todo vínculo o nacionalizar empresas sudafricanas como MTN y DStv, pero la cámara optó por una vía más cautelosa: exigir por escrito garantías de protección para los nigerianos, la detención de los responsables y la creación de un registro de víctimas para reclamar indemnizaciones. La ministra de Exteriores, Bianca Odumegwu-Ojukwu, anunció más vuelos de evacuación y afirmó que no había señales de que la situación mejorara. Mientras, las muertes de dos nigerianos —Musa Yunana Joe y Charles Iroegbu— se convirtieron en punto de fricción: la policía sudafricana sostuvo que el primer homicidio no guardaba relación con las protestas, y Pretoria pidió a la alta comisión nigeriana información verificable para investigar.

En Accra, la tensión tomó la forma de un desencuentro diplomático. El gobierno ghanés declinó una visita de Estado del presidente Cyril Ramaphosa tras la muerte de un ciudadano ghanés, Bashiru Isak, durante las manifestaciones del 30 de junio en Khayelitsha, Ciudad del Cabo. Fuentes diplomáticas en Accra y Pretoria confirmaron que la decisión buscaba proteger la dignidad de los ghaneses y evitar que la visita quedara opacada por la violencia. Sin embargo, la presidencia sudafricana aclaró que nunca se había solicitado una visita de Estado, sino la confirmación de la tercera sesión de la Comisión Binacional, un encuentro de trabajo ya pactado. El ministro de Comunicaciones ghanés, Felix Kwakye Ofosu, insistió en que las relaciones seguían siendo cordiales y que la visita se retomaría cuando las aguas se calmaran. Sudáfrica, por su parte, rechazó la versión ghanesa de los hechos: la ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, acusó a Accra de difundir información falsa que perpetuaba la narrativa de un país xenófobo.

Detrás de los comunicados y las condenas, el malestar sudafricano tiene raíces profundas que poco tienen que ver con los extranjeros. El desempleo golpea a uno de cada tres adultos y a más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años; la desigualdad es la más alta del planeta; los apagones eléctricos son crónicos por el colapso de la empresa estatal Eskom; y el partido gobernante, el ANC, se ve salpicado semana tras semana por escándalos de corrupción. En ese caldo de cultivo, los movimientos antiinmigración han encontrado eco. March and March anunció que volverá a las calles cada jueves hasta las elecciones municipales de noviembre. El presidente Ramaphosa condenó la violencia y recordó que la inmigración no explica los males del país, pero en el mismo discurso prometió deportaciones más rápidas, más controles y el despliegue de tres mil militares en todas las provincias.

Mientras los aviones de repatriación despegan de Johannesburgo con cientos de nigerianos y ghaneses a bordo, en los muros de los barrios periféricos sigue escrita una fecha que ya pasó. Cada jueves, las calles volverán a llenarse de quienes señalan al otro como culpable, y en las cancillerías de África occidental se seguirá midiendo cada palabra para no romper del todo los puentes con la nación del arcoíris.