El Senado de Filipinas, constituido en tribunal de impeachment, inició este lunes el juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, en un proceso que movilizó a más de 6.000 agentes —incluidas unidades antidisturbios— ante la previsible confluencia de manifestantes a favor y en contra de la acusada. La sesión inaugural se produce en un contexto de fractura abierta entre las dos dinastías políticas más poderosas del archipiélago y con varios senadores afines a Duterte enfrentando procesos judiciales que podrían alterar la aritmética de la votación final.

Según el plan previo al juicio, las audiencias se extenderán por 92 días, aunque analistas en Manila advierten que la duración real dependerá de disputas procesales, el número de testigos y la presentación de pruebas. La vicepresidenta enfrenta acusaciones de acumulación de riqueza inexplicada, malversación de fondos confidenciales y amenazas públicas de asesinato contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., su esposa y un ex presidente de la Cámara de Representantes. Duterte niega todos los cargos y los atribuye a una persecución política orquestada por el entorno de Marcos. Para que prospere la destitución y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se requieren 16 de los 24 votos del Senado.

Desde la óptica de la academia filipina, el desenlace del juicio no solo definirá el futuro electoral de Duterte —a quien las encuestas sitúan como favorita para los comicios presidenciales de 2028—, sino que someterá a prueba la credibilidad de las instituciones democráticas. El profesor Ederson Tapia, de la Universidad de Makati, ha señalado que si la ciudadanía percibe el veredicto como motivado por intereses políticos, las dudas sobre su legitimidad persistirán con independencia del resultado. La profesora Jean Encinas-Franco, de la Universidad de Filipinas, recordó el precedente del juicio político al presidente Joseph Estrada en 2001, cuando la exclusión de pruebas clave desencadenó protestas masivas que forzaron su salida del poder.

El proceso se inscribe en la profunda ruptura de la alianza electoral que en 2022 unió a Marcos y Duterte, y que se quebró por disputas sobre el reparto de poder y por las divergentes orientaciones geopolíticas de ambos clanes. Mientras Marcos ha estrechado la cooperación en defensa con Estados Unidos y ha adoptado un perfil de firmeza frente a las acciones de China en el mar de China Meridional, el ex presidente Rodrigo Duterte —padre de la acusada y actualmente detenido en La Haya a la espera de juicio ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad— cultivó durante su mandato vínculos estrechos con Pekín y Moscú. La vicepresidenta ha sido criticada por no condenar los ataques chinos con cañones de agua contra fuerzas y pescadores filipinos en aguas en disputa.

Observadores en el Sudeste Asiático subrayan que la capacidad del Senado para conducir un proceso percibido como imparcial se ve erosionada por los procesos judiciales que afectan a legisladores clave del bloque pro-Duterte. El senador Jinggoy Estrada fue detenido el mes pasado por cargos de saqueo, mientras que el senador Rodante Marcoleta enfrenta una orden de arresto por presunto ocultamiento de donaciones de campaña, y el senador Ronald dela Rosa permanece en paradero desconocido tras la emisión de una orden de captura de la CPI. El juicio político continuará con la presentación de pruebas y testimonios, en un calendario que las partes intentarán acotar, pero cuyo impacto en la estabilidad política del país se anticipa prolongado.