Maximiliano Baudraco, de 40 años, asesinó a puñaladas a su expareja Rocío Belén Gómez, de 27, en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla, Argentina. La autopsia confirmó que la víctima recibió más de diez heridas de arma blanca; una de ellas le perforó la aorta y un pulmón, según informó la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín. Las tres hijas de la pareja, de 9, 6 y 2 años, presenciaron el ataque, mientras la madre de Rocío escapaba por una ventana para pedir auxilio.

Baudraco había sido condenado en octubre de 2025 a dos años de prisión de ejecución condicional por amenazas en un contexto de violencia familiar contra la madre de la víctima, quien también era su tía. La sentencia le imponía tratamiento psicológico, restricción de acercamiento y presentaciones periódicas ante el Patronato del Liberado. Sin embargo, la directora de ese organismo, Patricia Corbalán, declaró que el condenado solo se presentó en dos ocasiones, admitió no cumplir ninguna medida y nunca acreditó avances. El Patronato elevó los informes de incumplimiento al Juzgado de Ejecución N° 1, a cargo del juez Facundo Moyano Centeno, pero no se revocó el beneficio. Medios locales señalaron que el magistrado ya había estado en el centro de otra polémica por omisiones similares en un caso anterior.

El episodio no es aislado en la región. En el estado brasileño de Espírito Santo, una joven de 23 años sobrevivió a un ataque con más de diez puñaladas propinado por su exnovio, quien fue detenido. La víctima relató que las agresiones habían comenzado meses antes con episodios de celos y control. En la provincia argentina de Santa Cruz, un hombre fue aprehendido tras agredir a su expareja al regresar de un partido de fútbol; quedó en libertad una vez cumplidos los plazos procesales. En Canberra, Australia, la justicia condenó a dos años y medio de prisión a un hombre que apuñaló a su excompañera, aunque el tribunal consideró que actuó en “exceso de legítima defensa” porque la mujer y un grupo llegaron armados a su domicilio.

Organismos especializados en América Latina insisten en que comportamientos como el control de la vestimenta, la vigilancia del teléfono o los gritos constituyen señales de alerta de una escalada que puede derivar en violencia letal. En Brasil, la campaña “Band Não Se Cala” busca incentivar las denuncias: según datos oficiales, cada 30 segundos una mujer pide auxilio a la policía y se registra un feminicidio cada seis horas. En Argentina, el Patronato del Liberado supervisa a unas 7.000 personas en conflicto con la ley penal, pero su directora admitió limitaciones de recursos y subrayó que la decisión de revocar una libertad condicional recae exclusivamente en el Poder Judicial.

La investigación por el femicidio de Rocío Gómez continúa bajo la calificación de agravado por el vínculo y por violencia de género. Las tres menores permanecen bajo custodia del organismo de protección de la infancia mientras la justicia define su tutela. El caso reabre el interrogante sobre la eficacia de los mecanismos de control de las medidas judiciales en contextos de violencia machista, un debate que atraviesa a distintos países de la región.