Pekín puso en vigor el 1 de julio la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, aprobada por la Asamblea Nacional Popular en marzo. Su artículo 63 habilita la persecución legal de personas y organizaciones fuera de China que «socaven la unidad étnica» o «fomenten la división étnica». La disposición, que coincide con el 29.º aniversario de la transferencia de Hong Kong, ha generado reacciones desde distintas regiones del mundo.

Desde Taipéi, un funcionario anónimo familiarizado con los asuntos del estrecho advirtió que la norma restringe el espacio para la neutralidad política y puede emplearse contra taiwaneses y hongkoneses residentes en la isla que rechacen la unificación o defiendan el statu quo. Fuentes taiwanesas agregaron que Pekín podría presionar a empresarios para que realicen declaraciones de adhesión a la reunificación. Al mismo tiempo, Pekín despliega tácticas de frente unido —como viajes con gastos pagados a foros en la provincia de Cantón dirigidos a jóvenes taiwaneses— para construir vínculos personales y promover una identidad china compartida, según análisis difundidos en la isla.

En Camberra, organizaciones de la diáspora uigur y tibetana urgieron al gobierno australiano a condenar públicamente la ley, a la que consideran una amenaza contra activistas en el exilio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia confirmó haber trasladado sus preocupaciones directamente a China y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde Bruselas, el Parlamento Europeo aprobó en abril una resolución que insta a Pekín a derogar la legislación por su asimilacionismo sobre minorías del Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior. Pekín, por su parte, defendió la medida como una práctica legislativa normal de un Estado soberano destinada a contrarrestar actos ilícitos y preservar el orden social.

En un desarrollo distinto pero vinculado al uso del derecho para gestionar la diversidad, el gobierno del estado indio de Bengala Occidental, liderado por el Bharatiya Janata Party, presentará un proyecto de Código Civil Uniforme (UCC). La iniciativa busca remplazar las leyes personales de base religiosa por un marco común en matrimonio, divorcio y sucesiones. El partido gobernante lo enmarca como una garantía de igualdad ante la ley; la oposición del Trinamool Congress denuncia una maniobra de polarización política y reclama una consulta social amplia. Las comunidades tribales protegidas quedarían excluidas de la norma, según el BJP.

Mientras entraba en vigor la norma étnica, Pekín organizó una gira mediática por Hainan con periodistas de doce países para exhibir sus avances en tecnología, ambiente y turismo, en un registro de apertura que contrasta con el alcance restrictivo de la ley. La legislación étnica ya es objeto de seguimiento por gobiernos e instancias multilaterales; el código civil indio, en cambio, se encamina a un debate parlamentario que definirá su viabilidad política.