El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este martes a dos ciudadanos mexicanos —Óscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez— y a nueve empresas, ocho de ellas mexicanas y una registrada en el Reino Unido, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De forma simultánea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda mexicana ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias e incorporó a un total de 20 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas, nueve más de las designadas por Washington, tras un análisis propio que detectó indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida “pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos”. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, subrayó que las sanciones reafirman el compromiso del presidente Donald Trump de combatir el tráfico de fentanilo y la violencia de los cárteles, y advirtió que “quienes se benefician del tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible o cualquier otra actividad delictiva rendirán cuentas”. Por su parte, la UIF mexicana destacó que las acciones coordinadas fortalecen la cooperación bilateral y protegen la integridad del sistema financiero nacional. El informe del Tesoro estadounidense señala, además, un patrón general según el cual los cárteles utilizan las ganancias ilícitas del mercado negro de combustibles para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de facilitar la elección de funcionarios dispuestos a colaborar.

La red sancionada operaba bajo el esquema conocido como “huachicol fiscal”: adquiría gasolina y diésel en refinerías estadounidenses, los transportaba a México y, mediante documentación aduanera falsa —declarando los cargamentos como aceites usados o lubricantes—, evadía el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). De acuerdo con la OFAC, Juraidini Silva administraba empresas de transporte, servicios financieros e inmobiliarios que facilitaban la importación ilícita y la comercialización del combustible en gasolineras mexicanas, mientras que Ruiz Villagómez pagaba sobornos a grupos criminales que controlan los cruces fronterizos. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta a la banca tras recibir más de 160 reportes de actividades sospechosas que documentaron movimientos por más de 7.000 millones de dólares entre ambos países, concentrados principalmente en Texas y Florida.

El CJNG, designado como organización terrorista por Estados Unidos, ha convertido el robo y contrabando de hidrocarburos en su principal fuente de ingresos fuera del narcotráfico, según las autoridades estadounidenses. La muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026, y la posterior captura de su posible sucesor, “El Jardinero”, no han frenado la diversificación financiera del grupo. Las sanciones implican el bloqueo inmediato de todos los bienes de los designados bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ellos. La UIF mexicana, por su parte, mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas inclusiones en la lista de personas bloqueadas, en un contexto de creciente presión bilateral para desmantelar las estructuras económicas del crimen organizado.