El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la madrugada del sábado la séptima noche consecutiva de ataques aéreos y navales contra Irán, dirigidos —según el comunicado oficial— a “degradar las capacidades militares iraníes” y alcanzaron centros de vigilancia, depósitos subterráneos de armas e infraestructura logística. En paralelo, Irán lanzó una nueva ola de represalias con misiles balísticos y drones contra países del Golfo que albergan tropas estadounidenses. Las autoridades de Kuwait informaron que una planta de generación eléctrica y desalinización de agua fue alcanzada, lo que obligó a desconectar varias unidades y activar planes de emergencia; la Corporación Petrolera de Kuwait reportó daños significativos y heridos en una instalación petrolera. En Baréin, el ejército afirmó haber repelido ataques aéreos contra la base aérea de Sheikh Isa, mientras que Jordania derribó diez misiles iraníes sin registrar víctimas.

Desde la óptica de Washington, la operación responde a la necesidad de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y de debilitar la capacidad de la Guardia Revolucionaria iraní para hostigar el tráfico marítimo comercial. El presidente Donald Trump ha reiterado que los ataques continuarán hasta que Irán cese sus amenazas a la vía marítima por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Por su parte, Teherán sostiene que el estrecho está bajo su control legítimo y que las rutas alternativas supervisadas por la Armada estadounidense constituyen una violación del acuerdo preliminar de paz alcanzado en junio. El asesor militar del líder supremo, el general Mohsen Rezaei, advirtió que si los bombardeos persisten “dos o tres días más”, Irán pasará a una “ofensiva a gran escala” sin limitarse a respuestas simétricas, y que “ninguna frontera política estará a salvo”.

La escalada ha provocado un aumento de más del 4 % en el precio del crudo, que el viernes superó los 86 dólares por barril, su nivel más alto en más de un mes, y ha reducido el tránsito de buques por Ormuz a su mínimo en tres semanas. Analistas en Oriente Medio advierten que la ampliación de los objetivos hacia infraestructura civil —puentes, estaciones de ferrocarril, plantas desalinizadoras y aeropuertos— incrementa el riesgo de una crisis humanitaria y de violaciones del derecho internacional humanitario. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por los ataques a infraestructura civil tanto en Irán como en la región. Desde círculos diplomáticos latinoamericanos se sigue con inquietud el impacto en los precios de la energía y la posibilidad de que una guerra prolongada desestabilice los mercados emergentes.

El conflicto actual se remonta al ataque sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevó a Teherán a cerrar de facto el estrecho de Ormuz. Un acuerdo preliminar alcanzado el 12 de junio preveía la reapertura total de la vía marítima, pero su redacción ambigua sobre la administración del tráfico y el posible cobro de peajes por parte de Irán generó interpretaciones contrapuestas. La crisis se reavivó el 25 de junio, cuando un dron iraní impactó contra un carguero que utilizaba una ruta alternativa supervisada por Estados Unidos, lo que desencadenó la actual espiral de ataques y contraataques. Los esfuerzos de mediación liderados por Catar, Pakistán y China no han logrado hasta ahora que las partes retomen el diálogo directo. Mientras Washington mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes y Teherán insiste en su derecho a controlar el estrecho, la perspectiva de un retorno a la negociación parece depender de una desescalada militar que ninguno de los dos actores está dispuesto a iniciar unilateralmente.